La Policía Nacional ha cesado de nuevo en su comisión de servicios en Ceuta a la funcionaria que el pasado 12 de mayo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantener en su misma situación en la ciudad autónoma tras apreciar que el primer intento de devolverla a su plaza en la Comisaría Local de El Puerto de Santa María (Cádiz) había respondido a “razones relacionadas esencialmente con su condición de mujer o, en cualquier caso, ofreciendo a la actora un tratamiento distinto al dispensado a otros funcionarios en su misma situación”.

El TSJA anuló la primera resolución de cese “por resultar contraria a Derecho” y declaró que la policía tenía derecho a permanecer en su puesto y situación “durante los seis meses siguientes” a la fecha de la sentencia. Nada más cumplirse ese plazo, el Cuerpo ha comunicado a la funcionaria que debe incorporarse a la plantilla de la localidad gaditana el miércoles de la próxima semana.

Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han señalado que “se ha cumplido escrupulosamente lo dictado en la sentencia” y que, una vez transcurrido el plazo señalado, “la Dirección General ha resuelto el cese sin que haya mediado ningún informe, ni positivo ni negativo, desde la ciudad autónoma”.

La familia de la policía, que cuenta con el “apoyo incondicional” de la Confederación Española de Policía (CEP), ha denunciado la existencia de una “persecución personal” sobre la policía, que se hizo con su plazo en 2009 y al año siguiente fue destinada a Ceuta en comisión de servicios junto a otros 24 funcionarios.

Desde su llegada a la ciudad autónoma se ha casado y ha tenido dos hijos de 4 y 2 años. Durante el periodo de lactancia que siguió a su segundo embarazo, que fue considerado de riesgo, la agente recibió la primera resolución de cese, en la que la Sala de lo Contencioso Administrativo número 4 del TSJA apreció que las objeciones al mantenimiento de su comisión de servicios “quedaban en gran medida relacionadas con los dos embarazos de la recurrente y el nacimiento de sus hijos, lo que unido a la falta de toda motivación del acuerdo de cese muestra al menos la existencia de un conjunto indiciario suficiente sobre la existencia de discriminación”.

El marido de la agente, Mariano Catarecha, ha denunciado que “a alguien se le ha metido en la cabeza echar a mi esposa de Ceuta por haber disfrutado de sus permisos de maternidad a costa de hacer trizas a una familia separando a sus hijos de sus padres a pesar de tener un expediente inmaculado y el apoyo de sus jefes directos y sus compañeros, así como que en la plantilla sigue haciendo falta personal y continúan ofreciéndose comisiones de servicios”.

"Tras ver reconocido el maltrato recibido y después de creer que habíamos ganado la batalla, vuelven a darnos el mismo duro golpe y a someternos al mismo calvario pero ya con un niño escolarizado y otro en la guardería, dos pequeños que no han dormido ni una noche sin su madre”, lamenta Catarecha, para quien es "incomprensible" que la Administración “no tenga en cuenta las circunstancias personales de los trabajadores ni la supuesta política de conciliación familiar” y “por pura arbitrariedad, por haber sido madre y haber hecho uso de su derecho a disfrutar de las bajas maternales que le correspondían por ley, tenga que irse de Ceuta”.