“El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Quien ha cometido una infracción es quien ha construido sin licencia. Eso sí que está recogido como infracción muy claramente”, ha aseverado la portavoz del Ejecutivo Yolanda Bel.

El Gobierno ha tirado de expediente para dar pruebas de que ha estado encima de la construcción desde el primer momento. Mensualmente el proceso administrativo vivió novedades desde febrero de 2007 hasta abril de 2008 cuando el propietario de la vivienda alegó el último dictado de la administración: una orden de derribo que no llegó a cumplirse.

La razón de que no se cumpliera no la ha aclarado Bel en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. Pero sí ha repasado otras cuestiones relativas al caso.

Bel ha dejado claro que la ilegalidad manifiesta es construir sin permisos y estando al corriente de la ilegalidad que esa obra suponía. Bel ha reconocido que “el expediente administrativo quizás ha ido más despacio de lo que deseábamos”, pero a la vez ha dejado claro que “el Gobierno no tiene otras armas. Somos una administración no somos alguien que libremente puede tirar una vivienda ilegal o que se construye de manera ilegal, no somos un juzgado ni podemos actuar de cualquier manera. Tenemos que seguir los procedimientos administrativos”.

Bel ha asegurado que todo el mundo está apuntando contra el Gobierno, pero en cambio “nadie se para a pensar que ese hombre se ha puesto a construir de forma ilegal y no ha hecho caso a los decretos de la administración que le obligaban a para la obra”.

“Este es un ejemplo de expediente, pero como esos todos los que quieran. El caos urbanístico en el Príncipe viene de mucho tiempo atrás, desde los años 80”, ha aclarado Bel.

Ese caos es precisamente el que ha suscitado otro debate: ¿qué hacer con el Príncipe? Bel ha dejado caer hoy que la intención del Gobierno es ir desalojando vecinos a la vez que los pueda reubicar en otras promociones de vivienda pública para a su vez derribar y construir, el primer paso de esa política de desalojos, realojos, derribos y reconstrucción escalonada serán las caracolas.

Además el problema del urbanismo salvaje en el barrio tiene implicaciones en varias administraciones ya que muchas casas se asientan sobre terrenos que son propiedad municipal y otras muchas sobre terrenos que pertenecen a Defensa.

Al mismo tiempo la portavoz ha insistido una vez más en que “si hay un Gobierno que no haya mirado para otro lado en el Príncipe es el de Juan Vivas”. Ha acusado a Alí de “triste” por querer sacar rédito de un suceso como este y ha cifrado el problema que supondría derribar todas las viviendas irregulares del barrio en “más de 8.000 personas”.

Lea también:

Mohamed Alí acusa a Fomento e Industria de “homicidio imprudente” por la muerte del Príncipe