La Ciudad prorroga los convenios del SAD y de atención psicosocial a maltratadas


La Ciudad prorroga los convenios del SAD y de atención psicosocial a maltratadas

- El Ejecutivo formaliza los acuerdos alcanzados con el IMSERSO para la prestación de los servicios de ayuda a domicilio durante este ejercicio

- La atención psicosocial de las víctimas de la violencia de género seguirá corriendo a cargo de Cruz Roja, que recibirá para ello 51.000 euros de la Administración local

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este viernes a la firma de tres convenios para la prestación de los servicios de ayuda a domicilio (SAD), tanto de prestaciones básicas como de dependencia, y para la atención psicosocial a víctimas de la violencia machista.

Los dos primeros convenios, gestionados por la Consejería de Asuntos Sociales, servirán para que Cruz Blanca siga prestando estos servicios. El convenio para la ayuda a domicilio básica tendrá una vigencia de seis meses y un importe de 980.000 euros, mientras que el otro tendrá una vigencia de tres meses y un presupuesto de 357.0000 euros, según ha detallado el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez.

Durante este tiempo (seis y tres meses) será la Ciudad quien asuma el coste de ambos servicios, a la espera de que el nuevo Gobierno firme con la Ciudad el acuerdo que ampara la financiación de estos programas. El vinculado a la dependencia, por razones competenciales, está financiado íntegramente por el Imserso, mientras que el de prestaciones básicas lo paga al 50% ambas administraciones. La intención del Gobierno es que el Imserso se haga cargo de sufragar el coste de estos servicios durante el resto del año.

En total serán, por tanto, 3,5 millones de euros el coste de estos servicios, que permitirán mantener los 107 puestos de trabajo.

La atención psicosocial de las víctimas de la violencia contra la mujer seguirá corriendo a cargo de Cruz Roja, que recibirá para ello 51.000 euros de la Ciudad, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer. Esta cantidad permite contratar a un psicólogo y un educador, quienes se encargan de prestar este servicio de apoyo a las víctimas y a sus hijos y que incluye también la realización de talleres de prevención en los centros escolares.

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