El sindicato Manos Limpias (el mismo que inició la causa contra Garzón) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado una denuncia en la que traslada a su vez lo denunciado por un funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que actualmente está trabajando en la prisión de Los Rosales.

Según la denuncia del sindicato y de este trabajador de la cárcel ceutí “determinados funcionarios del centro están recibiendo retribuciones económicas o en especie (invitaciones a restaurantes de familiares de los reclusos o incluso pagándoles disfrute de sexo) por parte de los reclusos a cambio de: proporcionarles teléfonos móviles, botellas de alcohol y drogas”, reza la denuncia.

El sindicato recibió la denuncia de este funcionario el pasado 23 de febrero y remitió la misma a la Fiscalía el día 2 de marzo. En la misma prosigue señalando que en “la malla metálica existente en el muro del módulo II que bordea el recinto penitenciario se actúa con total impunidad y a través del cuál se produce un tránsito de mercancias y objetos al margen de la Ley”.

El sindicato señala al director de la prisión como máximo responsable. “Es conocedor de estos hechos, puesto que han sido denunciados por algunos funcionarios del centro, adoptando el director una postura pasiva y de consentimiento”, dice la denuncia.

Manos Limpias ha apostillado que en el director tiene como máxima “vive y deja vivir” y su pensamiento lo resume de la siguiente forma: “Mientras que el interno no te moleste, tú tampoco le molestes. Cachear a los internos es crearte enemigos. En consecuencia son muy pocos los funcionarios que cachean y requisan”.

El sindicato que ha protegido la identidad del funcionario, incluso en la denuncia planteada ante la Fiscalía General del Estado, aporta como prueba el propio testimonio del trabajador y señala que se podrían estar cometiendo los delitos de “cohecho, extorsión, prevaricación, actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de sus funciones y omisión del deber de perseguir delitos.

Por su parte, Comisiones Obreras y ACAIP, una vez han tenido conocimiento de la denuncia han emitido un comunicado conjunto en el que subrayan la gravedad de los hechos denunciados y miran también a la Dirección del Centro para pedir explicaciones.

“No entendemos cómo la dirección del Centro no ha informado o puesto en conocimiento de los representantes sindicales dicha denuncia, y tengamos conocimiento de la misma a través de Internet”, dice la nota.

En consonancia con esa reflexión piden a la Dirección del centro que les facilite información sobre lo denunciado. “No entendemos el sigilo que mantiene la máxima autoridad del centro, pues la transparencia e información, evitarían los actuales comentarios y nerviosismo existente entre los trabajadores”, dicen ambos sindicatos.

Para Comisiones Obreras y ACAIP ese nerviosismo es quizás lo peor de la situación generada. “La falta de información puede desestabilizar el ambiente laboral, pues la callada por respuesta, no es aconsejable en estos casos, y solo alimenta comentarios desagradables entre los trabajadores penitenciarios, sus familias, amigos y sociedad ceutí en general”, recoge la nota.

Una vez defendidos los intereses de los trabajadores Comisiones y ACAIP piden a la Fiscalía General del Estado y la Inspección General de Instituciones Penitenciarias que con la mayor celeridad posible esclarezca los hechos y sus “hipotéticos o presumibles autores; determinando con exactitud la veracidad de los hechos” para depurar responsabilidades. Comisiones y ACAIP recuerdan a su vez “el principio de inocencia, que debe imperar en estas imputaciones graves de ilícitos penales”.