Los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma han iniciado un proceso judicial contra el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta, Mustafa Mohamed, con el propósito de que este rectifique en sede judicial el contenido de un escrito dirigido a la Inspección de Trabajo en el que asegura que la Administración local, "conocedora de la absoluta dependencia económica de esta organización con respecto a la misma, hace que no tenga más remedio que aceder a sus pretensiones en cuanto a las contrataciones de conserjes para determinados centros escolares".

En caso de no corregir sus palabras, el Ejecutivo local amenaza al representante de las familias de los estudiantes con una querella por un presunto delito de injurias y o calumnias.

El desencadenante del enfrentamiento directo entre la Ciudad y la FAMPA es un Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo de agosto, cuando propuso una sanción de más de 6.000 euros contra la Federación por una supuesta "cesión ilegal de trabajadores" entre la Federación y "varios centros escolares dependientes del Ministerio de Educación".

La FAMPA, que entiende que de tener que hacer frente a esa multa no sólo debería prescindir de su única trabajadora sino que también se vería abocada a su disolución, alegó que "en todo caso hemos sido sujetos pasivos de las presiones recibidas por parte de la Ciudad Autónoma, que nos conminaba a acceder a esta situación so pena de desaparecer como entidad".

"No tenemos más remedio que acceder para recibir la subvención anual"

"La situación reflejada en el Acta de la Inspección nace como consecuencia de la falta de personal advertida hace ya varios años para atender las necesidades de guarda y conserjería de determinados colegios cuya gestión corresponde por Convenio a la Ciudad que en lugar de proceder a la contratación directa de ese personal condiciona la subvención anual de la FAMPA a que ésta mantenga en su plantilla a parte del personal necesario para realizar esas funciones", explica la Federación.

Además, el escrito rubricado por Mohamed precisa que "se trata, en definitiva, de una presión ejercida desde la Ciudad, que conocedora de la absoluta dependencia económica de esta organización con respecto a la misma, hace que no tengamos más remedio que acceder a sus pretensiones si queremos seguir recibiendo la subvención anual para seguir realizando nuestra actividad asociativa y en los Consejos Escolares".

Como paso previo a la interposición definitiva de una querella, la Ciudad exige al representante del colectivo de madres y padres de alumnos "que se avenga a reconocer que los hechos expuestos son inciertos" o que, en su caso, "identifique a la persona o personas que han presionado a la FAMPA" en un acto de conciliación que todavía no se ha celebrado.