La Federación de Servicios Públicos de UGT de Ceuta ha alertado este miércoles de que el Gobierno de la Ciudad pretende privatizar la casa de acogida y centro de emergencia para mujeres maltratadas dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer. "La privatización de estos recursos va a suponer una pérdida de calidad en el servicio prestado a favor de supuestos factores económicos que en la realidad no suponen ningún ahorro", ha advertido la central.

La FSP-UGT critica "tanto la forma como el fondo" de esta decisión, ya que a su juicio "en primer lugar se ha llevado con total oscurantismo, falta de transparencia e información tanto a las centrales sindicales como a los propios trabajadores afectados, creando una sensación de incertidumbre y desconocimiento sobre el futuro de estos servicios esenciales para garantizar los derechos de las víctimas consagrados en la Ley contra la Violencia de Género".

"Hasta la fecha", ha denunciando el sindicato a través de una nota a los medios, "los trabajadores no tienen ninguna información de su futuro laboral ni de su posible reubicación a otros servicios de la Ciudad".

Actualmente, tanto la casa de acogida como el centro de emergencia para mujeres están atendidos por empleados de la Ciudad Autónoma que, según FSP-UGT, "realizan una magnífica labor de asistencia y protección a un colectivo vulnerable y prioritario en la atención social, por lo que la privatización de estos servicios es una nefasta noticia que pone de manifiesto el absoluto desinterés por un servicio que viene funcionado sin ningún problema, así como la poca importancia que para este ayuntamiento tienen las políticas sociales, las primeras que sufren las consecuencias de la mala gestión económica de esta Administración".

El sindicato "no entiende" el proceder de la Ciudad

La FSP-UGT "no entiende" las razones del Gobierno local para privatizar estos servicios, ya que "además de suponer una pérdida de calidad de los servicios públicos, lejos de resultar una ahorro para la Ciudad Autónoma supondría incrementar el gasto, ya que la Consejería tendría que abonar el posible convenio además de los nueve trabajadores que a día de hoy prestan sus servicios en el mencionado servicio, pues los mismos tendrían que ser reubicados a otros destinos, lo que en la práctica no resulta ningún ahorro para las arcas municipales".

Por todo ello, desde la FSP-UGT se ha demandado al Gobierno de la Ciudad que se den explicaciones claras sobre la intención de privatización, e insta a que paralice de manera inmediata dichos planes que suponen el desmantelamiento y deterioro de los servicios sociales municipales.