“Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen en un estado de segregación importante, con cientos de menores sin escolarizar, además de no contar con Fiscalías especializadas en discriminación y delitos de odio”, concluye el ‘Informe sobre Islamofobia en Europa 2019 de la Fundación para la investigación política, económica y social, (SETA por sus siglas en inglés).

Hace ya tres décadas de la firma del Acuerdo entre el Estado español y la Comisión Islámica de España en 1992 que regula los derechos religiosos de la vida cotidiana. “Casi treinta años después, se incumple la mayoría de estos derechos, y la población musulmana trata de hacerlos efectivos de forma local y con dificultades”, concluye la investigadora y activista pro derechos humanos Aurora Ali en su Informe sobre Islamofobia en Europa, elaborado por la Fundación para la investigación política, económica y social y editado por los prestigiosos doctores en Ciencia Política de la Universidad de Viena, Enes Bayraklı y Farid Hafez. 

Un informe que se detiene en “el discurso de odio y la instrumentalización de los colectivos protegidos”, cada vez más presente en España y que ya no es solo patrimonio de la extrema derecha, advierte. Se ha extendido y normalizado tanto el discurso de odio al musulmán, alerta, “de tal forma que lo que era el discurso de la extrema derecha, se ha ampliado hacia el centro y, en ocasiones, a sectores de la izquierda”. 

SEGREGACIÓN

Un escenario de islamofobia latente en España el que Ceuta y Melilla tienen capítulo aparte por ser las dos ciudades con una mayor presencia de población musulmana y en las que, señala, siguen siendo víctimas de segregación social, económica y educativa. “Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen en un estado de segregación importante, con cientos de menores sin escolarizar, además de no contar con Fiscalías especializadas en discriminación y delitos de odio”, concluye el informe. 

“En Melilla, alrededor del 53% de la población es musulmana y en Ceuta más del 40%. A pesar de haber nacido y criado en Ceuta o Melilla, debido a su ascendencia, origen y religión, los ciudadanos musulmanes en estas ciudades están sujetos a la extranjería, segregación y discriminación en todas las áreas socioeconómicas, comenzando en la escuela”.

EL CASO DE VOX EN CEUTA

La formación ultraderechista Vox tiene, como era de suponer, un especial protagonismo en el Informe sobre la Islamofobia en España con hasta 43 menciones y en varias con Ceuta como escenario o como objetivo. Y eso que el informe se refiere a 2019, cuando aun no había estallado el carrusel de escándalos con tintes islamófobos  que han jalonado este 2020. Lo que sí menciona es la denuncia por la difusión de los mensajes internos de Vox y la posterior denuncia de Caballas: “En Ceuta, el partido político local Caballas Ceuta presentó una denuncia en abril ante el juzgado local contra el secretario general local de Vox por su continua campaña de difamación contra Caballas y las comunidades musulmanas locales acusándolas de “ser cómplices” del “extremismo islámico” y “terrorismo”. 

El informe señala también otros ejemplos, como la impugnación de Vox de una mesa electoral en las elecciones generales, alegando que la presidenta vestía un niqab o las críticas desde Palencia a la candidata de Podemos en Ceuta, Nabila Solimán, por usar el hiyab.

La investigación señala también el discurso de “reconquista” y la ensalzamiento del pasado glorioso de España, columna vertebral del discurso de Vox, como uno de los peligros a tener en cuenta por lo que esconde entre líneas. “El negacionismo del pasado andalusí y la manipulación histórica en forma de ‘Reconquista’ siguen presentes en el imaginario colectivo y en los libros de texto, así como la extranjerización constante de generaciones de musulmanes”. 

EL CASO DE LOS MENA

Un ambiente de islamofobia en el que, a su pesar, los niños migrantes, en mayoría marroquíes, han sido la diana favorita del discurso de odio y protagonistas del debate político en Ceuta, tanto antes en manos del Partido Popular, como ahora, con Vox :“Según datos de UNICEF, España registró en 2018 la llegada de más de 6.000 niños, niñas y jóvenes no acompañados que llegaron por la frontera sur desde países del Magreb, fundamentalmente Marruecos y Argelia, entre otros. El discurso de odio instrumentaliza a estos menores (Menores Extranjeros No Acompañados), deshumanizándolos, demonizándolos y reduciéndoles a sus siglas (MENA), con las correspondientes consecuencias en forma de agresiones en la calle, en los puertos y en sus centros de acogida.” . 

Una segregación que preocupa especialmente a los autores del informe es la educativa, en la que pone de ejemplo a Melilla, donde aun hay menores migrantes si escolarizar, “pendientes de verificación” y que, en menor medida, se da también en Ceuta. “Según el director de Prodein, José Palazón —señala el informe de SETA— la mayoría de estos niños y jóvenes nacen en Melilla, pero “la documentación solicitada a las familias es la cédula municipal, que nunca obtendrán. Muchos de estos niños tienen padres que también nacieron aquí, incluso con abuelos que combatieron en el ejército con Franco. El defensor del Pueblo ha exigido que  se matricule a estos niños, pero la solicitud de matrícula no ha sido conocido hasta la fecha.”.

Delitos de odio

Ceuta y Melilla son las dos únicas autonomías sin una Fiscalía específica para este tipo de delitos, señala el informe, pese a que son muy necesarios: “Los incidentes de odio a menudo se tratan como ajustes de cuentas o “peleas”, considera el informe. “Además de las actividades de sensibilización, se deben vigilar los delitos motivados por prejuicios, la incitación al odio de gran alcance y otras formas de discriminación antimusulmana. Las fuerzas de seguridad, los fiscales y las instituciones locales correspondientes deben mantener un registro separado de los incidentes denunciados con sesgo antimusulmán para proporcionar cifras anuales, también a la base de datos de delitos de odio de la OSCE-OIDDH”.

Una formación que cree especialmente importante en el caso de la Fiscalía, las fuerzas policiales y también los medios de comunicación, sobre todo a la hora de informar sobre menores. “Las fuerzas de seguridad y los fiscales locales y nacionales (incluidos específicamente Ceuta y Melilla) necesitan formación en sensibilización sobre delitos de odio y discriminación. Se debe implementar un Código de conducta para los medios (convencionales) sobre el tratamiento de menores migrantes.