El Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Fiscalía y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma han practicado pruebas de ADN a 10 niños acogidos para constatar la relación que les une a los adultos que dicen ser sus padres con el fin de prevenir la trata de menores.

La Administración local aún no conoce los resultados de los análisis, que se practican de acuerdo con las instrucciones de coordinación adoptadas el pasado 27 de junio por los departamentos competentes de Andalucía, Ceuta y Melilla con el Defensor del Pueblo. Ninguno de los adultos de las siete unidades familiares sobre las que se trabaja se ha negado a hacerse las pruebas.

El CETI de Ceuta acoge actualmente a 21 menores de edad, la mayoría (17) de origen sirio, 3 argelinos y uno subsahariano. Además, en diferentes centros, la Administración local tutela a otros 115 niños y adolescentes con menos de 18 años que han llegado solos a territorio español.

Fuentes del Ejecutivo local han advertido en declaraciones a Ceutaldia.com que, aunque la relación filial diese negativo, “ello no implicaría directamente que los niños son víctimas de una relación de trata”. En ese supuesto se incoaría “un estudio más profundo” de sus antecedentes. En cualquier caso, el Área de Menores no se ha topado en Ceuta con ningún caso con esas características.

En ‘Víctimas invisibles’, un informe de 2009 sobre la trata de seres humanos en España, la Oficina del Defensor del Pueblo llamó la atención sobre la necesidad de que establecer “protocolos de actuación comunes entre las entidades autonómicas de protección de menores, en el marco de sus respectivas competencias” para “permitir la eficaz detección de menores víctimas de trata en su territorio”.

Esta recomendación guió la redacción del Dictamen 2/2012 de la Fiscalía, que establece que “si no existe documentación veraz del vínculo de filiación” entre un adulto y un niño inmigrantes “las autoridades españoles no pueden dar por acreditada tal circunstancia por las simples manifestaciones de los adultos con los que viajan los menores”.

En junio, el Defensor del Pueblo reunió a representantes de los Gobiernos andaluz, melillense y ceutí para coordinar la aplicación de esa instrucción, que se ha traducido en un convenio de colaboración entre el Área de Menores de Ceuta, la Fiscalía de la ciudad y el CETI en base al cual se han empezado a realizar las pruebas de ADN, de cuyo inicio informa en su edición de este miércoles el diario ‘El Faro’.