Hay una herida en el sur del mundo por la que supura sangre palpitante en cuerpos de seres humanos que migran al norte en busca de la dignidad perdida en sus raíces podridas por siglos de colonialismo, explotación y esclavitud. La tierra seca, arruinada, sin futuro, les empuja a olvidar el terruño que les vio nacer, la patria de su infancia (en ocasiones el infierno más bien), y emprender contra todo riesgo y ventura la incierta odisea de buscar otra maceta en la que poder desarrollarse en la casa de aquellos que de un modo u otro se llevaron sus sueños en forma de recursos naturales, cuando no humanos. Hay más factores. Hay corrupción, persecuciones por orientaciones sexuales, religión, etnias, guerras y un largo etcétera, porque cada persona, cada migrante, es en sí mismo una razón particular y una metáfora del mundo, pero un caso concreto y no una gota más del océano en el que se ha convertido el fenómeno. Y cada año esa aventura convierte miles de sueños en muerte, ahoga sus esperanzas ahogando sus vidas, en el Mediterráneo o, como aquella madrugada del 6 de febrero de 2014, en el Tarajal. Y este sábado, víspera del noveno aniversario de la tragedia, varios centenares de personas han recorrido Ceuta para rendir memoria y tributo a las 15 personas que se ahogaron entre botes de humo y material antidisturbios aquel fatídico día y pedir cambios, casi una década después, casi idénticos a los que han venido reclamando año tras año desde entonces. Cambios en las leyes y en las políticas para que los condenados por nacer en medio de la pobreza tengan vías seguras para migrar y no morir en el intento de alcanzar una vida digna.

Cambios en la Ley de Extranjería, “la más racista que existe”, dijo el viernes, el diputado en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye. El manifiesto leído a pie de valla denunció la criminalización y la estigmatización de los migrantes, los discursos del odio, pero también la vulneración de sus derechos.

“La actual Ley de Extranjería no permite que las personas de países del sur global puedan migrar de forma legal y segura si no es jugándose la vida. Existe toda una industria militar y de securitización que impide a las personas ejercer el derecho a la libre circulación”, recoge el texto.

Falta “un sistema digno de acogida” desarrollado por las Administraciones y eso “expone a las pesonas a una vulneración de sus derechos y a sobrevivir en unas condiciones lamentables y pésimas”. Se vulneran “los derechos humanos de forma sistemática bajo el amparo de la ley de las relaciones internacionales”.

Por eso han reclamado ese sistema digno de acogida en el que “se respeten y garanticen los derechos recogidos en la Delaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos de la Infancia y en el Estatuto de las personas refugiadas”. Todo sin “discursos difusos” de forma intencionado para “revictimizar” a los migrantes y “exponerlos a una mayor vulnerabilidad”.

Fin a lo que los movimientos de defensa de estos derechos de los migrantes llaman ya sin tapujos “racismo institucional”.

Y entre las peticiones y reivindicaciones dos que son especialmente lacerantes: “El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros; una falta administrativa no debe ser la causa para el encierro en cárceles racistas en condiciones inhumanas con la excusa de materializar la expulsión de un territorio”. Es la negación del errar es humano, en otro elemento más de deshumanización de los migrantes. En su caso errar no es una multa, como para la mayoría, es el internamiento y la vuelta a la casilla de salida. 

Y su contexto, la falta de un sistema claro y protector de sus derechos, “un marco garantista”, según se recoge en el manifiesto, los “expone potencialmente a todas las personas a un contexto de explotación en todas sus esferas”. O lo que es lo mismo es más fácil que cometan ese error administrativo que justifique su internamiento en un CIE y su expulsión.

Como novedad y una señal clara de los tiempos que corren, el manifiesto acaba pidiendo en este 2022 “políticas públicas con medidas concretas y presupuesto suficiente contra los discursos del odio, el racismo y la xenofobia donde la riqueza de la diversidad y la inclusión se reconozcan como pilares fundamentales de una sociedad democrática”.

“Migrar es un derecho. Vías legales. Vídas seguras. Tarajal, no olvidamos”, cierra el texto que se ha leído después de encender una vela por cada uno de los fallecidos aquella madrugada de 2014: Luc, Yves, Samba, Chimi, Dauda, Keita, Armand, Blaise, Yosouf, Larios, Jeannot, Roger, otra por los que no se conoce el nombre, otra por los que yacen en el fondo del mar y otra más por los que no salieron del desierto.

El acto lo ha cerrado una actuación musical en el mismo espíritu reivindicativo que toda la marcha. Y antes, el presidente de Elin, Sani Ladan, ha dejado claro qué hacían allí esos centenares de personas:

“Esta frontera que vemos ahí, el Tarajal, es el mayor símbolo de la vergüenza de la Unión Europea, de la política migratoria de Europa. El mayor símbolo del fracaso mismo de nuestra humanidad. Y representa el lugar donde ocurrió un crimen de estado. Mido mis palabras y la asumo. Llevamos ya mucho tiempo hablando con eufemismos para referirnos a lo que ocurrió aquí en la frontera del Tarajal (…) Lo que ocurrió aquí en el Tarajal hay que decirlo bien alto es un racismo de estado que lleva mucho tiempo ocurriendo en las fronteras de Europa y estamos mirando para otro lado. Esto no puede seguir así, una vez más estamos aquí para decir basta de muertes en la frontera”.

Al tiempo que ha prometido volver las veces que sean necesarias hasta que las cosas cambien. “La gente que muere en el mar, lo digo siempre y lo voy a repetir, si fueran blancos la cosa sería de otra manera, pero como sabemos todos son los mismos cuerpos, las mismas víctimas y decimos basta de ver las mismas muertes en el Mediterráneo”, ha explicado Ladan.

"A ver si Europa se entera que no hay patria ni frontera", remató la música. Pero haber hay vallas, y el Tarajal sigue siendo lo mismo que era.