El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco Gerardo Martínez y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se han comprometido este viernes con los magistrados que trabajan en la ciudad autónoma a urgir al Ministerio de Justicia a “reorganizar” sus recursos humanos para “optimizar” el funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) local, la primera que se puso en funcionamiento en todo el país, que sigue sin funcionar de forma “satisfactoria”.

Martínez y Del Río también trasladarán a la Administración la necesidad de proceder “cuanto antes” a la “unificación” de las sedes judiciales en la localidad norteafricana, que siguen dispersas en cuatro edificios distintos.

Según han explicado en declaraciones a los medios tras reunirse con los jueces locales, estos “se enfrenta la dialéctica de ser los responsables últimos de que resolver en plazo los asuntos que llegan a sus manos pero inermes para aplicar un sistema que no permite sacar todo el trabajo a tiempo”.

“Los jueces”, ha señalado el vocal del CGPJ, “son muy partidarios de la Nueva Oficina Judicial porque les parece un sistema de trabajo muy útil y moderno pero el Ministerio, que aquí dispone de un número de efectivos razonable, debe tomar decisiones en lo relativo a su reorganización para cubrir algunas unidades que parecen infradotadas”.

La Administración también debe concretar “cuanto antes” si finalmente optará por rehabilitar la antigua sede del Banco de España en Ceuta para concentrar en un solo inmueble la mayor parte de las unidades judiciales locales “y así facilitar el trabajo que se realiza en ellas”.

Martínez ha aprovechado su visita a la ciudad autónoma para encontrarse con el presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas (PP), en la Comisión de seguimiento del convenio suscrito para la realización anual de unas Jornadas con "destacadas figuras de la Justicia" que alcanzarán su sexta edición el próximo mes de junio.

A preguntas de los medios, el presidente del TSJA ha evitado pronunciarse sobre la posible implantación de la cadena perpetua revisable en España. Lorenzo del Río ha señalado que los jueces “no debemos opinar sobre cuestiones que se encuentran en debate en el ámbito legislativo exactamente igual que reclamamos respeto para nuestras decisiones”. Es a las Cortes, según su punto de vista, a las que compete “ver si existe o no un problema de constitucionalidad y si hay razones de conveniencia o no para dar ese paso”.