El titular del Juzgado Mixto número 5 de la ciudad autónoma, Carmelo Ordoñez, es uno de los 200 magistrados españoles que ha firmado un manifiesto en el que se considera "impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible" la decisión del Gobierno central del PP de indultar a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra condenados por torturas conmutándoles dos años de prisión por 7.200 euros de multa pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre.

A juicio de los magistrados, lo acordado en el último Consejo de Ministros supone un "ejercicio abusivo" de la facultad del indulto y "una afrenta al Poder Judicial", además de "una actuación contra la dignidad humana" al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio.

Los firmantes opinan en que la actuación del Ejecutivo en el caso de los Mossos "supone un menosprecio a los miles de agentes que cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía" y subrayan que "los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana". "Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución", lamentan.

Los cuatro policías fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2009 por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones, y en febrero de este año el Gobierno acordó un primer indulto que conmutaba las distintas penas de prisión por una única de dos años de prisión para cada uno y transformaba la pena de inhabilitación profesional por otra de suspensión de cargo público.

Los condenados solicitaron posteriormente un nuevo indulto que les permitiera eludir su ingreso en prisión, ante la negativa de la Audiencia de Barcelona de conceder la suspensión de dicha pena de dos años de cárcel.

En 2009, el Gobierno de Ceuta y otras fuerzas políticas como el PSOE abanderaron la petición de indulto para dos policías locales después de que se diera a conocer la sentencia firme del Tribunal Supremo de condena por un delito de torturas.

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