El Juzgado de lo contencioso-administrativo Nº 1 de Ceuta ha dictado Sentencia en los procedimientos de Protección de Derechos Fundamentales interpuestos por la Asociación Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, en representación de 20 niños que llegaron solos a España y se vieron afectados por las repatriaciones sin garantías iniciadas por la Delegación de Gobierno de Ceuta entre los días 13 y 15 de agosto. Le da la razón a las oenegés y ordena a la Delegación del Gobierno en Ceuta que “adopte las medidas necesarias para el retorno (se entiende que a España) de los menores de edad que fueron efectivamente repatriados”. Si bien la medida alcanza sólo a 3 de los menores. A pesar de que según el comunicado emitido por las asociaciones pro derechos humanos se trataría en realidad de 4 menores en esa situación y otros dos más que fueron “devueltos sumariamente” a Marruecos incluso a pesar de tener ya un auto de paralización de la repatriación. En el comunicado emitido a raíz de la sentencia, las entidades ya anuncian que van a pedir una aclaración de la resolución judicial sobre este extremo. Y se da por hecho, que la medida dictada por la Justicia acabará teniendo alcance sobre la totalidad de los menores devueltos aquellos días, mas de medio centenar.

“en el presente supuesto no es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación.”

Estos 20 niños entraron en Ceuta, sin la protección de ningún adulto, cruzando la frontera del Tarajal abierta por el Reino de Marruecos en mayo de 2021, durante la crisis migratoria de los días 17 y 18 de mayo. Al estar en situación de desamparo, fueron acogidos por el área de infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo alojados primero en naves industriales en el Polígono Industrial del Tarajal y después en el Polideportivo Municipal de Santa Amelia, donde residieron hasta el comienzo de las repatriaciones sin garantías el 13 de agosto. 

En aquellos días de agosto, ante el miedo de ser expulsados a Marruecos, ochenta menores, entre ellos estos veinte, designaron a abogadas de, entre otras, Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios para su defensa. 

El trabajo conjunto de las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Elin, Ex Menas Madrid, Fundación Raíces, Gentium, Maakum y No Name Kitchen para denunciar por distintas vías la ilegalidad de estas repatriaciones ejecutadas por Delegación de Gobierno en Ceuta, desembocó, entre otros, en estos dos procedimientos que ahora resuelve el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta. La Delegación del Gobierno figuraba como demandada y la Ciudad Autónoma como co demandada. Ambas han sido condenadas a pagar las costas del proceso judicial, aunque tienen ahora un plazo para alegar la resolución judicial ante el mismo juzgado. En realidad se trata de dos sentencias prácticamente idénticas.

Este Juzgado ya ordenó, en agosto de 2021, paralizar cautelarmente las repatriaciones sin garantías. Pese a ello, doce de estos veinte niños demandantes fueron efectivamente repatriados antes de que el Juzgado acordara la medida cautelar de cese de las repatriaciones. Otros dos menores fueron devueltos sumariamente a Marruecos a finales de noviembre de 2021 pese al auto del Juzgado que acordaba de modo expreso suspender sus repatriaciones.

“estamos ante una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores, en la medida en que no consta que nadie se vaya a hacer cargo de los mismos una vez repatriados a su país de origen, lo que determinaría que los mismos se encontrasen en situación de abandono o desamparo”

Las sentencias acogen las alegaciones efectuadas por las entidades demandantes, señalando que la actuación de la Administración se efectuó al margen del procedimiento legal y recogiendo en algunos casos afirmaciones especialmente duras para los intereses de la Administración y que dejan a las claras el tamaño de la chapuza llevada a cabo. Como por ejemplo:  “En el presente supuesto no es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación", recoge la sentencia.

Así mismo, la resolución recuerda que el Acuerdo de Repatriación con Marruecos no exime a la Administración de aplicar a los menores las garantías previstas en la Ley y el Reglamento de Extranjería: “El artículo 5 del Acuerdo expresamente obliga a la “…observancia estricta de la legislación española…” para resolver acerca del retorno a su país de origen de un menor no acompañado, por lo que no puede caber la más mínima duda de la obligatoriedad de tener que cumplir los trámites establecidos en los art. 192 y ss del R.D. 557/11 para poder acordar la repatriación de un menor.”.

Riesgo para la integridad física de los menores

La Sentencia estima la demanda por vulneración del derecho a la integridad física y moral y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española. La resolución recuerda que la repatriación “no puede ser un fin en sí misma, sino que debe ser adecuada al fin que persigue, que no es otro que el interés superior del menor”; y señala que “estamos ante una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores, en la medida en que no consta que nadie se vaya a hacer cargo de los mismos una vez repatriados a su país de origen, lo que determinaría que los mismos se encontrasen en situación de abandono o desamparo”.  Lo que conduce a entender que “se ha producido una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de los menores.” .

Por el contrario, la sentencia, a pesar de reconocer que se han omitido todos los trámites del procedimiento, considera que no consta acreditada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal de los menores, desestimando las demandas en este extremo.

Según Lourdes Reyzábal, Presidenta de Fundación Raíces, “Cientos de niños fueron repatriados en el año 2006 y el Tribunal Constitucional en el 2009 declaró la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 13 años después nuestros gobiernos siguen vulnerando los derechos de los niños y niñas que llegan solos a España. En agosto cientos de niños volvieron a ser repatriados ilegalmente, solo pudimos defender a algunos de ellos y hoy la Justicia vuelve a dar un varapalo al Gobierno reconociendo que los derechos de la Infancia deben primar sobre el control de nuestras fronteras”.

Javier Baeza, Presidente de la Coordinadora de Barrios, ha declarado según el comunicado que “exigimos que el Gobierno se comprometa decididamente con los Derechos de la Infancia migrante, que cese las devoluciones sumarios sobre niños, niñas y personas vulnerables”.

Por su parte Patricia Fernández, abogada de Coordinadora de Barrios, ha manifestado: “Celebramos estas sentencias que reconocen los derechos de 20 niños, recordamos a los otros niños y niñas que fueron expulsados a Marruecos de manera ilegal entre mayo y agosto, que no pudieron contar con defensa letrada y de los que ninguna administración se ha preocupado. Estos niños y niñas seguirán corriendo graves riesgos para mejorar sus vidas, dejando en evidencia una y otra vez a unas administraciones públicas que les niegan la protección a pesar de encontrarse solos en España. 

Según Paloma García de Viedma, abogada de Fundación Raíces: “El Juzgado ha declarado que la Delegación de Gobierno repatrió niños sin valorar su interés superior, sin respetar el procedimiento legal y sin comprobar previamente en qué situación quedarían esos niños una vez repatriados. Esta actuación vulneró los derechos de los niños repatriados y expulsó de los centros a cientos de niños que huyeron del sistema de protección por miedo a correr la misma suerte. Son muchos los niños desaparecidos por esta causa. Nos gustaría poder confiar en que, de una vez por todas, la administración reconozca que erró en su actuación y centre sus esfuerzos en adelante  en reparar el daño causado, cumplir la ley, proteger adecuadamente a los niños y niñas que llegan a España solos y respetar sus derechos escrupulosamente”.