La apuesta de CCOO por dinamizar la vida social y cultural de la ciudad con un espacio público de debate que enmarca charlas y encuentros periódicos sobre asuntos de actualidad ha dado pie este martes por la tarde en la Biblioteca Pública a un coloquio titulado 'Libertad de expresión' en el que el sindicato ha puesto bajo la lupa la situación de ese derecho, fundamental como el de libertad de información, y las presuntas amenazas que sobre ellos se ciernen, sobre todo tras la aprobación de la 'ley Mordaza' y los cambios introducidos en el Código Penal.

Casos con tanto eco mediático como el de los tiriteros, los tuiteros procesados, los raperos encarcelados, las cuantiosas multas impuestas a publicaciones como 'Mongolia' por su humor, el secuestro del libro 'Fariña' y las decenas de causas instruidas durante los últimos años por enaltecimiento del terrorismo han propiciado un clima social que, al menos desde algunos sectores de la población y a ojos de entidades como Reporteros Sin Fronteras (RSF) o Amnistía Internacional ponen en cuestión la legimidad de la limitación de ambos derechos.

El presidente de la Sección VI Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, Fernando Tesón, ha llevado el peso de buena parte de un coloquio moderado por Juan Luis Aróstegui y en el que también han participado el periodista Gonzalo Testa y muchos de los asistentes a la cita, que casi ha llenado la Sala de Usos Múltiples del equipamiento de Recinto Sur.

Tesón ha destacado que tanto la libertad de expresión como la de información son pilares básicos "para que haya un Estado democrático" y ha enfatizado la importancia y necesidad de "jueces independientes" para velar por que se respeten, algo a lo que a su juicio también contribuye el sistema judicial español, que tiende a unificar doctrina y cuenta en estos casos con el Supremo y el Constitucional como últimos valedores.

Desde el auditoro se han trasladado al magistrado algunos temores en relación con la creación de un marco legal que alimenta a medio y a largo plazo la "autocensura" tanto ciudadana como periodística en el ejercicio de la opinión (especialmente en Redes Sociales e Internet) pero también de la creación artística o el humor. Igualmente se han puesto en la picota supuestas "desviaciones" de tipificaciones penales hacia delitos graves como enaltecimiento del terrorismo de expresiones que antes hubiesen encajado en conductas como injurias.

Casi 70 personas han sido condenadas en España en base al artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”, en los último dos años, mientras que por el mismo solo 23 personas lo fueron en tres años entre 2011 y 2013 (1, 15 y 7, respectivamente).

RSF viene alertando desde 2015 la 'ley Mordaza' ha sido "cuestionada por todos los partidos excepto el PP en el Gobierno" y que, además, ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "por varios medios y juristas españoles, por las cortapisas que supone para el libre ejercicio de la información, especialmente las relacionadas con la prohibición de tomar y difundir fotografías de acciones policiales y las faltas de respeto y resistencia a la autoridad".