La Plataforma de Infancia de España ha recordado este miércoles a Pedro Sánchez y a Juan Vivas después de oír al segundo volver a referirse a los niños migrantes marroquíes solos acogidos en la ciudad como un todo al que lo que más beneficia es "el retorno asistido" a su país que "el cumplimiento de la legalidad supone no trasladar una solución colectiva sin haber realizado evaluaciones individuales". "El Gobierno no puede pretender que en la totalidad de los casos la solución sea la repatriación, ya que supondría no garantizar tomar soluciones individualizadas tal y como establece el Interés Superior del Niño", ha subrayado.

Las organizaciones de infancia "aplauden" que las administraciones "hayan confirmado su acatamiento a las sentencias y su compromiso de cumplir la legislación", pero manifiestan su preocupación ante las declaraciones del presidente de Ceuta "por las incoherencias que manifiestan".

"Actuar conforme a los procedimientos, tal y como marca el ordenamiento jurídico supone realizar, entre otras cuestiones, una evaluación del interés superior de cada niño y niño que implica analizar cada caso para poder determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar; la integración en el país de acogida, reasentamiento en un tercer país o retorno al país de origen con su familia o al sistema de protección de dicho país", han advertido.

Esta decisión "tiene que estar motivada, justificada y explicada caso por caso" y "el retorno al país de origen, por tanto, sólo es una solución duradera y aceptable para un menor extranjero no acompañado cuando se dan dos condiciones: 1) que sea en el interés superior del niño "una vez realizada una evaluación individual y específica mediante una entrevista en profundidad para valorar, entre otros elementos, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad e integridad del niño/a, su opinión, su identidad, y la necesidad de estabilidad de las soluciones"; 2) que se pueda "asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen" sin riesgo "para su bienestar físico y emocional".

También "que se garantice que el menor es escuchado bien mediante audiencia, bien mediante su representante legal; asegurar la notificación del inicio de expediente y de cualquier resolución o medida que se vaya a adoptar y afecte a su vida; recabar el informe de Fiscalía y del país de origen; la intervención de intérprete; la asistencia letrada o el nombramiento de Defensor judicial en todo caso y especialmente, en caso de conflicto de interés con su tutor legal".

Las evaluaciones para detectar factores de vulnerabilidad que hasta la fecha había realizado Save The Children, en coordinación con el área de menores de la Ciudad Autónoma, a más de 450 niños y niñas han demostrado que más del 25% de los perfiles son niños y niñas en situación de alta vulnerabilidad con episodios de violencia en su lugar de origen.

Las administraciones deben, a juicio de la Plataforma, "contemplar escenarios para los niños y niñas cuyas soluciones favorables no sean la repatriación, ya que como ha trasladado Vivas 'la situación en Ceuta es verdaderamente insostenible, no es retórica, los menores no están en las debidas condiciones. Los acogidos lo están en recursos concebidos para una estancia provisional, no permanente, y hay un porcentaje muy notable en la calle, en condiciones de absoluta precariedad”.

Dicho diagnóstico es "compartido" por las organizaciones de infancia, que piden que el Gobierno de España "facilite recursos y apoyo para el cuidado de dichos niños y niñas, así como que coordine con las Comunidades Autónomas el apoyo para acoger a niños y niñas en el sistema de protección, cuando la evaluación individualizada así lo recomiende".