La repatriación de los cientos de niños y adolescentes migrantes con entre 4 y 17 años que continúan en Ceuta solos tras la crisis migratoria de mediados de mayo es, como supuesta solución "universal" para el problema humanitario desatado por Marruecos, "inviable". Es "ilegal" y es "inmoral", según ha advertido este jueves el director general de Save The Children, Andrés Conde, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la directora general de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales, Violeta Assiego; la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, y la responsable de Unicef, Carmen Molina.

Assiego ha sido, dentro de su prudencia, la primera en abogar por ser "realistas" y por trabajar en posibles soluciones reales primando el interés superior de los niños manteniendo el "ejemplar" modelo de colaboración entre administraciones y organizaciones no gubernamentales que se ha puesto en práctica durante los dos últimos meses y medio.

Tanto Conde como Molina han alabado la “solidaridad” de los ceutíes en su respuesta a la crisis humanitaria generada, así como la disponibilidad de la administración local a colaborar con organizaciones especializadas como la que lidera o Unicef serán un modelo en coyunturas parecidas que acontezcan en el futuro.

“Nunca habíamos visto visto una respuesta tan rigurosa en términos de protección de los menores y de sus derechos específicos ni con tanta apertura desde la administración para colaborar con la sociedad civil, con organizaciones con trayectoria y experiencia, por lo que va a generar un paradigma en la atención a estas situaciones migratorias de excepción”, ha opinado Conde, que ha reclamado "acelerar todo lo posible" los traslados al otro lado del Estrecho.

Ambos han coincidido también en su “preocupación” por que los espacios provisionales de acogida de cientos de menores habilitados por la Ciudad no se pueden convertir en duraderos, así como preparar la atención educativa a la que tienen derecho los menores de 16 años, algo en lo que ya está trabajando la directora provincial del Ministerio de Educación. "Hasta que se produzcan los posibles traslados, que pueden tardar un tiempo, hay que garantizar el respeto de los derechos de los niños y Unicef va a estar aquí apoyando", ha asegurado Molina.

“La repatriación es viable en casos concretos, pero como solución universal sería ilegal desde el punto de vista de la normativa que aplica el Gobierno de España y además estaríamos incumpliendo un deber moral: sencillamente es imposible", ha advertido Conde

Dado que Ceuta no tiene capacidad para atender a más de un centenar en condiciones, las salidas reales que se barajan pasan por su traslado a la Península o el resto de la UE. “Estamos trabajando en varias líneas, desde la localización de familiares en otras autonomías o Italia hasta en la posibilidad de que las Comunidades nos permitan el traslado de menores manteniendo la Ciudad su tutela y con delegación de guarda, aunque tenga un coste considerable para esta administración”, ha precisado Palomo.

En cualquier caso habrá que explorar soluciones “caso a caso” y primando “el interés superior del menor”. La hipótesis a la que se aferra la delegada del Gobierno de poder repatriarlos a todos a Marruecos es, a juicio de los expertos, una entelequia sin encaje legal ni moral para un colectivo que en gran parte huye de situaciones de extrema pobreza, explotación, violencia o persecución.

“La repatriación es viable en casos concretos, pero como solución universal sería ilegal desde el punto de vista de la normativa que aplica el Gobierno de España y además estaríamos incumpliendo un deber moral: sencillamente es imposible, implanteable desde el punto de vista legal y discutible desde el moral… No puede ocurrir porque, además, los que deseaban retornar ya lo han hecho”, ha dejado claro el director general de Save The Children a la vista de que de los 1.008 filiados en mayo sólo quedan en Piniers menos de 800.

"Este no es un tema fácil"

La jefa del Área de Menores de Ceuta ha opinado, con la vista puesta en el futuro y ante la perspectiva de un incremento de los movimientos migratorios infanto-juveniles, que la Convención de Derechos del Niño de la ONU debería exigir a Marruecos que cree un Servicio de Protección a la Infancia digno de tal nombre con capacidad para hacerse cargo de sus menores que no pueden ser reagrupados con sus familias. “Naciones Unidas debe exigir al país vecino recursos para que sus niños puedan volver a instituciones que asuman su tutela en el caso de no poder hacerlo con su entorno”, ha apuntado.

La Dirección General de la Infancia acaba de presentar a las Comunidades Autónomas el borrador de una estrategia con la que organizar de forma estable y con criterios objetivos la respuesta a este tipo de crisis en territorios fronterizos como Canarias o Ceuta, pero Assiego ha reconocido que difícilmente podrá estar aprobada para dar respuesta a la acontecida en el Tarajal.

“Este no es un tema fácil, ni para la población de Ceuta ni para el Área de Menores ni para las organizaciones que gestionan día a los centros, tratando con la frustración y la inquietud de los niños, pero nuestro compromiso es firme y nuestro trabajo es este: nos dejaremos la piel para encontrar soluciones y para colocar a todos los interlocutores en la dirección correcta para que ganemos todos”, ha expuesto.