A CEPSA le sigue saliendo gratis el vertido y el PSOE pide al Gobierno que sancione


A CEPSA le sigue saliendo gratis el vertido y el PSOE pide al Gobierno que sancione

- El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea pedirá en el Pleno de este miércoles que Medio Ambiente abra expediente sancionador a la compañía

- La Ciudad sigue costeando todos los gastos derivados del vertido al mar que ha provocado la compañía por la rotura de una tubería

El Grupo Parlamentario Socialista instará al Gobierno de la Ciudad, concretamente a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en el próximo Pleno de la Asamblea, a iniciar el expediente sancionador contra CEPSA por los vertidos de fuel al mar y a dejar de asumir, innecesariamente, el coste de las labores de limpieza, que deberían ser asumidas por CEPSA como causante del vertido.

Los socialistas argumentan su propuesta en que "aún no se ha incoado expediente sancionador por parte de la Consejería de Medio Ambiente, a CEPSA por los vertidos al mar que han producido importantes daños en el fondo marino y que ni siquiera han podido ser controlados y evaluados; de hecho se siguen produciendo y se hacen visibles en las playas de San Amaro y la Bolera".

En este sentido, el GPS crítica que él área "simplemente ha tramitado un expediente informativo, que aún no ha finalizado, en el que se relatan los daños causados y ha cargado con los gastos derivados de las tareas de estudio de impacto ambiental desde dicha fecha".

Además, Medio Ambiente ha aprobado el plan de trabajo presentado por CEPSA para enmendar los daños causados, que se centran principalmente en la recuperación de la zona en el Muelle de Poniente para cortar la salida de fuel tras la rotura de las tuberías. Esta acción se completa con el plan de contingencia para la contaminación que desde el primer momento puso en marcha la Ciudad Autónoma para frenar la presencia de fuel en el mar y absorberlo en su amplia mayoría, así como para eliminar la presencia de chapapote en las playas.

"El coste de estas labores que está asumiendo la Ciudad tiene que ser abonado por CEPSA, como causante del vertido, aunque oficialmente no se ha valorado aún a cuánto dinero asciende ese compendio de facturas", aseveran los socialistas, y añaden que, "así las cosas, mientras siguen produciéndose vertidos al mar, se está combinando el grupo de medidas correctoras por parte de la Ciudad con el plan de trabajo presentado por CEPSA".

Desde el GPS apelan al artículo 45 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan.

También alude al artículo 1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que «quien contamina paga»; y al Artículo 2, que dispone que se entenderá por 1. «Daño medioambiental»: b) “Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de agua superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas”.

Asimismo, el Artículo 7 en relación con las Competencias administrativas, dispone que: 1. “El desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan”. En los mismos supuestos, corresponde a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla la ejecución de esta Ley.

Y, por último, la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) introduce la obligación de lograr un buen estado ambiental de las aguas marinas europeas mediante la elaboración de estrategias marinas con el objetivo final de mantener la biodiversidad y preservar la diversidad y el dinamismo de unos océanos y mares que sean limpios, sanos y productivos, cuyo aprovechamiento sea sostenible.

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