El Gobierno de Ceuta se ha sumado este miércoles a nueve autonomías (Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Madrid, Murcia y el País Vasco) y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA a una iniciativa común para reclamar al Gobierno central que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que trae consigo la prohibición total de su caza en toda España.

En la cumbre telemática se ha consensuado una carta abierta de apoyo a la gestión del lobo ibérico desde "el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia". En esa línea se pide que se suspenda el proceso de cambio del estatus legal del lobo para abrir un proceso "de diálogo y consenso" entre el Ejecutivo y todos los actores implicados para "negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido la unidad entre regiones y organizaciones agrarias ante una medida “tan importante, de tanta trascendencia”, que en su opinión no puede llegar por la vía de la imposición, sino del diálogo. “No estamos en un frente político, no estamos en un frente contra ningún gobierno o ninguna ministra”, ha aseverado.

A su juicio el cambio sobre el lobo se inició “mal”, por hacerlo “sin consenso” con las autonomías (Ceuta alegó que no pudo ejercitar su derecho al voto, que hubiera sido clave, por problemas informáticos) y el sector ganadero.

La carta abierta entiende la diversidad de “situaciones” de especies como el lobo ibérico no como un problema, sino como una “oportunidad” para una gestión adaptada a las singularidades locales y basada en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Además, rechazaron que se reduzca el marco competencial y de actuación de las comunidades y defendieron que el actual estatus legal que permite tanto la protección, como el control de ejemplares, mediante normas cinegéticas.

Asimismo, expresan su respeto a la independencia del comité científico y de aquellas personas que abogan por la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. “Con la misma rotundidad exigimos respeto al trabajo que desde hace años vienen realizando los técnicos de las diferentes Comunidades Autónomas, que a su formación académica añaden la experiencia en la gestión cotidiana de la especie en un mundo real en el que además de las consideraciones ecológicas deben tenerse muy en cuenta las de tipo social y económico”, añaden.

“Lamentamos que se confunda la discrepancia con el dictamen del Comité Científico con la descalificación que jamás ha estado en la intención de los firmantes”, indican los firmantes, que niegan que la consideración de los valores culturales, científicos o ecológicos del lobo sea incompatible con el estatus legal de la especie. De hecho, indicaron que son la “piedra angular” de los planes de gestión de las comunidades y apostaron por actualizar la estrategia de 2005, que destacaron ha permitido la recuperación de la especie.

Finalmente, hacen un llamamiento al Ministerio para que vuelva al “conseno y diálogo” y renuncie a continuar con la tramitación de la inclusión del lobo en el LESPRE. “No puede escudarse en dictámenes no vinculantes, ignorando cuál es el origen de este procedimiento, y forzando situaciones inéditas en órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades”, concluyen.