La reciente reacción de la Consejería de Medio Ambiente ante la denuncia pública sobre la “poda salvaje” en San Amaro —afirmando que dicha actuación no estaba autorizada y que se iniciará un expediente sancionador— pone de manifiesto una realidad difícil de ignorar: cuando la denuncia aparece en los medios, la Consejería actúa con rapidez; cuando la denuncia se presenta por los cauces oficiales, la respuesta es el silencio, han denunciado desde la asociación DAUBMA, volcada en la defensa del arbolado urbano.
Lo que se ha realizado en dos árboles de San Amaro son desmoches, una práctica expresamente desaconsejada y considerada dañina por la International Society of Arboriculture (ISA) y por todas las normas modernas de arboricultura. El desmoche no es una poda, es una mutilación del árbol: elimina gran parte de la copa, destruye su arquitectura natural, provoca estrés fisiológico severo y abre la puerta a pudriciones, fallos estructurales y muerte prematura. Por eso está prohibido en los estándares internacionales de gestión del arbolado urbano, han explicado desde la entidad.
Esta situación ha sido recibida por la entidad con una "profunda preocupación" por lo que consideran una "doble vara de medir".
Así, DAUBMA ha repasado que lleva años presentando solicitudes de inforamación e informes técnicos a través de la Sede Electrónica de la Ciudad sin recibir contestación. La última sin ir más lejos, recuerda, fue por otra actuación desaconsejable de la propia Consejería, que asevera "sigue sin respuesta," pese a estar registrada y cumplir todos los requisitos legales".
No es el único caso, otras actuaciones en diversos barrios trasladados a DAUBMA por sus propios vecinos habrían sido igualmente ignorados.
"Resulta llamativo que la Consejería sea capaz de reaccionar en cuestión de horas cuando la denuncia aparece en prensa, mientras mantiene bloqueadas —algunas desde hace más de un año— las solicitudes formales que la ley le obliga a contestar", ha censurado DAUBMA.
Y ante esto, la entidad ha optado por preparar un "exhaustivo informe" con el ánimo de recopilar todas las solicitudes que ha dejado sin responder la Ciudad, las denuncias ignoradas, las incidencias trasladadas y no atendidas y los incumplimientos reiterados de los plazos legales de contestación. Dicho informe lo piensa remitir al Defensor del Pueblo, siguiendo los pasos que establece la propia normativa ante los incumplimientos "de manera sistemática de su deber de transparencia y respuesta".
Y la entidad deja caer una especie de vaticinio a medio camino de la amenaza: "A la vista de los tiempos habituales de contestación de la Consejería, es previsible que este informe vea la luz en un momento especialmente incómodo para quienes ahora parecen mostrar tanta prisa por dar explicaciones".
