El Pleno de la Asamblea ha dado este lunes, 31 de enero, su visto bueno provisional a los dos nuevos cuerpos normativos que le ha hecho llegar la Consejería de Medio Ambiente en forma de 'Ordenanza reguladora de la ejecución subsidiaria de sanciones económicas, en materia de Medio Ambiente, mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad' y de 'Ordenanza sobre buen uso de los espacios públicos'.

Ambos textos han sido defendidos por la titular del departamento competente, Yolanda Bel. De la primera ha resaltado su carácer "pedagógico, didáctico y educativo". De la segunda, su "adecuación" a la realidad que Gobernación se encuentra cada día en la calle y que es preciso acotar en forma de sanciones para quienes beban alcohol donde no deben, desguacen maquinaria o electrodomésticos en lugares no permitidos o se entreguen al vandalismo con árboles, papeleras o autobuses.

De darle la réplica se han encargado, también en los dos casos, la diputada de UDCE, Fatima Hamed, y la portavoz socialista, Inmaculada Ramírez, que han coincido en adelantarde a Bel que sus respectivos grupos formularán alegaciones a los documentos, matices que la consejera se ha comprometido a recibir con la "máxima predisposición" al acuerdo.

Sobre la norma que facilitará a aquellas personas de entre 16 y 30 años que hayan sido multados económicamente por vulnerar las ordenanzas medioambientales y no sean reincidentes realizar trabajos en lugar de pagar la sanción pecuniaria la representante de UDCE ha lamentado la limitación de edades impuesta y ha anunciado que pedirá su extensión, así como la implantación de la posibilidad de saldar por esta vía otras sanciones municipales. Estos trabajos en beneficio de la comunidad sólo podrán realizarse de forma "voluntaria, personal, gratuita y a petición del interesado".

Los tipos de tareas que se ofrecerá realizar a los sancionados serán la limpieza de zonas verdes o papeleras "con esponja y agua", tareas de limpieza en la vía pública, repintado de zonas afectadas por su infracción, eliminación de carteles, mantenimiento de equipamientos y espacios públicos, vigilancia de estos u "otros trabajos similares".

El espíritu del texto elaborado por el Ejecutivo ceutí es que los infractores de las Ordenanzas medioambientales, que también están en pleno proceso de renovación, tengan la posibilidad de efectuar "una cooperación personal, no retribuida y con interés social y valor educativo, tendente a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito administrativo".

El número de horas que los infractores deberán dedicar a estas tareas dependerá de la sanción económica que se les imponga de acuerdo con una tabla en la que el valor de cada hora se asimilará al que tiene en el Salario Mínimo Interprofesional, ligeramente por encima de cinco euros. Cuando el infractor sea menor las medidas no podrán exceder 8 fines de semana "por razones pedagógicas", mientras que los adultos no podrán dedicar a estos trabajos más de dos meses a razón de 8 horas diarias.

El tostador y el 'botellódromo'

Un enfrentamiento dialéctico más acalorado ha traído en la Sesión Plenaria el debate sobre la 'Ordenanza sobre buen uso de los espacios públicos', elaborada para "dotar al conjunto de ciudadanos de un instrumento que sea entendido como la norma básica de convivencia que propicie el ciudado y la protección de los espacios públicos y del mobiliario urbano con el objeto de contribuir a mejorar la calida de vida de los vecinos de nuestra ciudad".

En su intercambio de impresiones con Bel la portavoz socialista y Hamed han llamado la atención de la consejera sobre lo aparentemente aleatorio de la gradación de las sanciones (se tipifica como muy grave beber alcohol fuera de los lugares habilitados, pero solo como graves los actos vandálicos en los autobuses, por ejemplo) o sobre la cuantía de las multas económicas a aplicar, que llegan hasta los 3.000 euros.

Bel ha argumentado en la Cámara autonómica que la redacción de la futura norma responde a la realidad cotidiana que la Policía Local se encuentra en la calle cada día y ha bromeado con Ramírez sobre sus quejas sobre el texto. La socialista destacó en el Pleno que de la literalidad de lo llevado a Pleno se deduce que deshacer "un tostador, que también es un electrodoméstico" en un espacio privado no autorizado para tal fin conllevará una sanción más elevada que desmontar un coche en la vía pública, crítica en la que Bel ha rehusado entrar más allá del chascarrillo.

Tampoco lo ha hecho en la catalogación del 'botellón' como infracción "muy grave" cuando "en otras ciudades españolas se tipifica como leve", tal y como le han recordado Hamed y Ramírez. Bel se ha enrocado en que la Ciudad ya ha habilitado un 'botellódromo' para que los jóvenes beban en un espacio vedado al tráfico, con policías y otros servicios informativos, pero ha rechazado decir dónde está. "Ya lo han explicado los medios", ha afirmado la consejera, que se ha ofrecido a llevar el próximo domingo a la socialista a 'botellonear' juntas con "un zumo de piña".

La norma sometida a debate señala el 'botellón', "desprenderse de residuos no utilizando los contenedores" y desguazar maquinaria en lugares privados sin permiso serán consideradas faltas muy graves y conllevarán una sanción económica de entre 1.501 y 3.000 euros. Los actos vandálicos, las acampadas o asentamientos, las agresiones a zonas verdes, el desguace en la vía pública y el deterioro de autobuses están tipificadas en el proyecto de Ordenanza como faltas graves (sanciones de entre 501 y 1.500 euros). "Tienen la consideracíón de infracciones leves todos aquellos incumplimientos y vulneración de prohibiciones establecidas en la presente Ordenanza que no se encuentren expresamente tipificadas como graves o muy graves", completa el texto.

"Proporcionalidad" y con descuentos por pago rápido

En la imposición de las sanciones se asegura que se tendrá en cuenta "el principio de proporcionalidad" para adecuar la gravedad del hecho infractor y la cuantía de la multa. Los principales criterios que usará la Administración para ello serán "la existencia de intencionalidad o reiteración", "la naturaleza de los perjuicios causados" y "la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme". La Ordenanza deja la puerta abierta para que las personas denunciadas puedan "asumir su responsabilidad y conformidad" mediante el pago de las sanciones de multa, cuando sea la infracción de índole leve, con una reducción del 40% del importe de la sanción si el pago se hace efectivo antes del inicio del procedimiento sancionador, o con una reducción del 20% del importe de la sanción si el pago se hace efectivo antes de la resolución.

Hamed ha llamado la atención de la Consejería de Medio Ambiente sobre el hecho de que esa cuantía máxima de 3.000 euros será imposible de cubrir con trabajos para la comunidad (su límite está fijado en 2.400 euros), desvío que UDCE ha instado a corregir.

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