La representante del Grupo Parlamentario Socialista en el Consejo de Administración de Obimasa, Nuria Miaja, se ha abstenido en la votación del único punto del orden del día, relativo a encomendar a la empresa TRAGSA los trabajos de crear un margen de seguridad a modo de cortafuegos en el talud forestal de Martínez Catena, así como la limpieza y adecentamiento del mismo, al argumentar la Ciudad que no dispone de medios humanos para realizar dicha tarea.

A pesar de que con esta encomienda se pretende dar cumplimiento a un acuerdo plenario nacido de una propuesta socialista, Miaja se muestra “disconforme y escéptica” con que los trabajos se concedan a TRAGSA, ya que recuerda que, en el año 2014, a esta misma empresa se le encargó la poda sanitaria de un ficus en la avenida de África y el resultado fue que no se realizó en su totalidad, además de un panel de información y una arqueta rotos y sin reemplazar; ante la “deficiente” actuación, la Ciudad tuvo que enmendar el trabajo y los desperfectos, denunciando la situación en su momento el GPS.

“Una vez más, el Gobierno del Partido Popular contrata a una empresa argumentando que no dispone de medios personales ni materiales y, al tiempo, vemos que realizan tareas similares con los recursos de que disponen”, denuncia la diputada socialista y ejemplifica indicando que “tras encomendar la poda sanitaria del ficus a TRAGSA, la Ciudad llevó a cabo una poda similar meses más tarde en la Fundación Eduardo Gallardo”.

En este sentido, y poniendo numerosos casos sobre la mesa, Miaja denuncia “la política de externalizar servicios del Ejecutivo, sin ton ni son, aun disponiendo de los recursos necesarios para llevarlos a cabo; política que tan sólo va en detrimento de las arcas públicas”.

- Por otra parte, y en relación a la propuesta del consejero de Fomento expuesta en el pasado Pleno de la Asamblea relativa a conceder un distintivo a las empresas que cumplan con la accesibilidad y la excelencia, la socialista considera que, “de igual modo, a las empresas que incumplan las encomiendas realizadas o cometan errores graves, se les debería penalizar imposibilitando contratación alguna con la Administración Pública”.