El PSOE pide la suspensión del contrato de la planta de transferencia por posibles irregularidades


El PSOE pide la suspensión del contrato de la planta de transferencia por posibles irregularidades

-Los socialistas han detectado una incompatibilidad en la subcontrata de transporte, STAMP, ya que el diputado Francisco Antonio González es consejero de la empresa

-El contrato adjudicado a Urbaser es de 54,5 millones de euros

El PSOE ha pedido a la Ciudad que suspenda y revise el contrato de gestión de la Planta de Transferencia de residuos, adjudicado recientemente a Urbaser. El motivo es una posible incompatibilidad, ya que el diputado por Ceuta, Francisco Antonio González, aparece como consejero de la naviera subcontratada para el transporte de los residuos.

Los socialistas han mostrado su preocupación por la adjudicación de este contrato, cuya cuantía llega casi a los 54,5 millones de euros, y que juicio del secretario general de la formación en Ceuta, José Antonio Carracao, podría haberse resuelto de forma irregular. El problema detectado por el PSOE es la presencia del diputado por Ceuta en el organigrama de la naviera STAMP, subcontratada para el transporte de las basuras. La ley de compatibilidades impide que ningún diputado mantenga relaciones laborales con empresas con contratos con las Administraciones públicas, algo que según Carracao no se respeta ahora mismo.

El Gobierno de la Ciudad tiene mucho que explicar según los socialistas, ya que cuando se aprobó la adjudicación ya conocía que STAMP formaba parte de la oferta de Urbaser, y que González era consejero de la empresa. Para Carracao "de nuevo algo huele mal en el PP en los asuntos relacionados con la basura" como ya recuerda ya ha sucedido en Alicante. Los socialistas van a poner esta situación en conocimiento de la Comisión de Compatibilidades del Congreso, y piden además a la Ciudad que revise el proceso y suspenda la adjudicación provisional del contrato. Para Carracao, se trata de un nuevo ejemplo de uso del poder para favorecer "intereses particulares" de altos cargos.

No es la única polémica relativa a este contrato, según Carracao, que ha anunciado que otras de las empresas que optaban al servicio también han iniciado trámites judiciales por no estar de acuerdo con la resolución del concurso.

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