El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha manifestado que “espera y desea que la planta de descontaminación de vehículos, situada en Benzú, no vuelva a salir a licitación, dada la “lamentable” situación en la que se encuentra, al “no cumplir con las condiciones necesarias”.

Hernández, quien lleva más de un año denunciando la situación, recuerda que la planta de descontaminación lleva sin contrato desde el 15 de noviembre del año 2012, lo que pone de manifiesto la “dejadez e irresponsabilidad” de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y, por tanto, de su responsable, Emilio Carreira. Pero además acusa también directamente al área de Gobernación de “permitir tal ilegalidad”, al mantener en las instalaciones a personal de AMGEVICESA.

El secretario general hace especial hincapié en que, además de esta planta, existe otras dos instalaciones legalizadas, cuya utilización agilizaría la desaparición de los desguaces ilegales de vehículos, que “tanto problemas están ocasionando tanto a los vecinos de esas zonas en concreto como a los servicios de emergencias”.

Por ello, Hernández se pregunta si “realmente está cerrada definitivamente la planta de descontaminación o, en caso de no estar clausurada, si es porque existe previsto un reconocimiento extrajudicial de deuda”, ya que todo apunta a que “se siguen admitiendo vehículos” en dicha instalación.

Por otra parte, el secretario general apunta a que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se comprometió en abril del pasado año a descongestionar el depósito de vehículos de Benzú –una de sus “famosas” 129 medidas- pero, “hasta el momento ha preferido pasar por alto el asunto, que además atenta contra la protección medioambiental de la zona al encontrarse situado en un enclave estratégico catalogado por ser paso de aves, y en cuyos terrenos prometió, en la pasadas elecciones autonómicas, construir un parque de viviendas públicas”.

No es la primera vez que los socialistas denuncian la situación –elevándola al Pleno de la Asamblea- ni será la última que pidan al Gobierno del PP responsabilidades políticas y administrativas por la situación, dada la “pasividad de un Ejecutivo que, más lejos de actuar por iniciativa propia, funciona a golpe de requerimientos de la oposición”.