Vox exige explicaciones al Gobierno de Ceuta por la ocupación ilegal de inmuebles de EMVICESA y reclama medidas preventivas más eficaces
La diputada del Grupo Vox en la Asamblea de Ceuta, Ana Belén Cifuentes, ha presentado una interpelación dirigida al Gobierno de la Ciudad Autónoma relativa a la ocupación ilegal de inmuebles pertenecientes a la empresa pública Emvicesa, una problemática que califica como creciente y motivo de preocupación constante para la ciudadanía.
Durante su intervención inicial, Cifuentes ha expuesto que la ocupación ilegal de inmuebles no solo afecta al ámbito privado, sino que en Ceuta también se da en bienes de titularidad pública, incluyendo viviendas, garajes y trasteros gestionados por Emvicesa. Según ha señalado, algunos de estos inmuebles se encuentran ocupados ilegalmente, mientras que otros son utilizados por personas que, pese a haber accedido a ellos de forma legal, no abonan las rentas correspondientes, lo que impide su adecuada gestión y su destino a los fines de interés general.
La diputada ha subrayado que esta situación bloquea el acceso a la vivienda pública de familias que sí cumplen los requisitos exigidos por la normativa y que se encuentran inscritas como demandantes. Ha recordado además que el Grupo Vox ya había planteado esta cuestión al Ejecutivo a comienzos del año anterior, interesándose por las acciones previstas para normalizar la situación, sin que hasta la fecha se tenga constancia de una solución definitiva.
Cifuentes destaca así que el problema no es reciente y ha recordado que ya en 2017 se propuso en la Asamblea una modificación del reglamento de adjudicación de viviendas, con el objetivo de excluir de las listas de demandantes a aquellas personas que ocuparan ilegalmente viviendas públicas o privadas. A su juicio, la falta de actuación decidida ha generado consecuencias que van más allá del acceso a la vivienda, afectando también a la situación económica de la empresa pública.
En este sentido, ha indicado que Emvicesa sufre un perjuicio económico directo, al no poder recaudar las cantidades correspondientes a arrendamientos o transmisiones de inmuebles ocupados o impagados. Según los datos aportados, las cuentas de la empresa reflejan en 2024 3,7 millones de euros pendientes de cobro por estos conceptos.
Ante este escenario, la diputada de Vox ha formulado una serie de preguntas al Gobierno: cuántos inmuebles de Emvicesa -viviendas, trasteros y garajes- se encuentran actualmente ocupados; si el Ejecutivo tiene constancia de inmuebles adjudicados a beneficiarios que hayan sido posteriormente ocupados por terceros; qué actuaciones judiciales se han emprendido; y qué medidas se están adoptando para prevenir nuevas ocupaciones y la sustracción de bienes inmuebles.
En respuesta a la interpelación, el consejero Alejandro Ramírez ha detallado la situación existente en varias promociones de Emvicesa. En el caso de la promoción de Serrano Orive, informó de la existencia de una ocupación ilegal, que ya ha sido judicializada y se encuentra pendiente de resolución por parte del juzgado. Según explicó, una vez se obtenga dicha resolución, se procederá a la desocupación del inmueble.
En cuanto a la promoción de Padre Feijóo, Ramírez ha señalado que se trata de un supuesto más complejo, vinculado a una situación de vulnerabilidad derivada del fallecimiento del titular de la vivienda. En este caso, explicó que los servicios sociales están llevando a cabo labores de mediación para tratar de encontrar una alternativa habitacional, aunque no descartó la judicialización del asunto si no se alcanza una solución.
El consejero también abordó la problemática existente en la promoción de Monte Hacho, que afecta fundamentalmente a garajes y trasteros. Según ha indicado, en su momento se llevó a cabo un proceso de venta a precio libre que no logró adjudicar la totalidad de estos inmuebles, quedando 27 desiertos. Posteriormente, muchos de ellos fueron ocupados, en su mayoría, por vecinos propietarios de viviendas en la propia promoción.
Ramírez ha explicado que, en esta legislatura, Emvicesa ha mantenido gestiones con los vecinos con el objetivo de regularizar la situación sin recurrir inicialmente a la vía judicial. En este marco, se está trabajando en un proceso de oferta ajustada para la venta, que consistirá en una oferta restringida dirigida en primer lugar a los propietarios de la promoción de Monte Hacho. Esta oferta contempla condiciones como descuentos sobre el precio de tasación en caso de pago directo o mediante financiación bancaria, así como la posibilidad de suscribir contratos de venta a plazo con Emvicesa por un periodo máximo de diez años.
Durante el turno de réplica, la diputada Ana Belén Cifuentes ha manifestado su desacuerdo con la gestión llevada a cabo, al considerar que no ha sido suficiente ni adecuada para evitar las ocupaciones ilegales actuales. De nuevo, ha vuelto a recordar que Emvicesa viene padeciendo este problema desde al menos 2016, citando el caso de un adjudicatario con discapacidad en Loma Colmenar que tuvo que acudir a la vía judicial para recuperar su vivienda tras una ocupación ilegal.
Cifuentes mencionó también actuaciones pasadas de la empresa pública, como el tapiado de viviendas para evitar nuevas ocupaciones, y cuestionó la situación actual de los garajes y trasteros de Monte Hacho. Asimismo, ha afirmado que existen casos recientes de viviendas ocupadas ilegalmente tras ser devueltas a Emvicesa, relatando el caso de una adjudicataria que continuó afrontando gastos de suministros mientras su vivienda permanecía ocupada, viéndose obligada igualmente a iniciar acciones legales.
La diputada ha reclamado explicaciones sobre las medidas preventivas que se están adoptando para evitar que estas situaciones se repitan, planteando la necesidad de vigilancia de los inmuebles hasta su entrega, y ha preguntado por el estado del reglamento de adjudicación de viviendas y la inclusión de criterios que excluyan a personas con antecedentes de ocupación ilegal.
En su segunda intervención, el consejero Ramírez ha aclarado que, en el caso de Monte Hacho, aunque había 27 garajes y trasteros desiertos, existían diferentes situaciones, incluyendo contratos de alquiler que dejaron de abonarse tras producirse ocupaciones. Ha reiterado que la mayoría de los ocupantes guardan relación directa con los propietarios de las viviendas y que la prioridad del Gobierno es regularizar la situación, recurriendo a la vía judicial solo cuando no exista alternativa.
Ramírez ha insistido en que la normativa vigente no permite una actuación inmediata, obligando a iniciar procedimientos judiciales, especialmente en casos de vulnerabilidad. También ha añadido que, según los datos disponibles a nivel nacional, Ceuta y Melilla presentan los índices más bajos de ocupación ilegal, muy por debajo de otros territorios.
Finalmente, ha informado de que se están tramitando modificaciones del reglamento de adjudicación de viviendas, una de ellas ya aprobada provisionalmente y pendiente de resolver alegaciones, y otra en fase de borrador, que contempla una revisión integral del sistema. Entre los cambios previstos, destaca la eliminación de la Comisión Local de la Vivienda y la implantación de un procedimiento técnico basado en baremos objetivos, con el objetivo de dotar de mayor claridad y seguridad jurídica al proceso de adjudicación. En esta línea, el consejero ha señalado que esta modificación podría elevarse próximamente al Pleno para su aprobación inicial.
