La consejera de Hacienda del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha comenzado ya a perfilar los programas que financiará la Administración General del Estado para poner en marcha los Planes de Empleo 2017-2018 en la ciudad autónoma, que previsiblemente permitirán la contratación de 1.163 desempleados, según las estimaciones que ha esbozado este martes en el Pleno.

A la espera de que el Ministerio publique la correspondiente convocatoria y la Comisión Ejecutiva del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Ceuta establezca los criterios de selección, la propuesta de la Ciudad, que se encargará nuevamente de la gestión de los programas no prevé grandes cambios con respecto a ediciones anteriores.

Ello implica que el objeto de los programas será "fundamentalmente de carácter medioambiental y educativo (576 efectivos)" y que los contratados serán aproximadamente dos tercios peones sin formación ("el 68%", once puntos más que en los últimos) y uno de cada tres personas con estudios.

Así lo ha adelantado Chandiramani en su contestación a una interpelación al especto de Caballas. El diputado Mohamed Haidor ha insistido en la necesidad de darle a este instrumento "un carácter más social" y de "corregir los fallos que tanto en la selección de los beneficiarios como en el contenido de las memorias se han producido en ediciones precedentes provocando una fuerte y justificada contestación social".

La coalición opina considera que las familias sin ingresos deben tener preferencia en las contrataciones, que es preciso limitar el número de puestos de trabajo para los que se exige titulación superior y ofertar puestos de trabajo en función de las demandas de empleo, ya que en la actualidad se ofertan puestos en los que no hay personas paradas. Igualmente, aboga por efectuar los contratos a tiempo total "para evitar posteriores recortes en las prestaciones" y por "respetar, por cuestión de principios, el Plus de Residencia en las retribuciones de los contratados".

Además, quiere que en las memorias que describen las tareas a desempeñar se vele escrupulosamente por el principio de “no injerencia” en las funciones propias de la Administración Pública y se evite "dañar aún más" al sector privado.