El Grupo Parlamentario de UDCE en la Asamblea tiene previsto recoger el guante que han lanzado a Ceuta los dos informes, uno jurídico y otro económico, elaborados por distintos expertos de la Universidad de Granada (UGR) que avalan la posibilidad de que el Pleno solicite al Estado una norma legal específica que permita “dar seguridad jurídica” al Plus de Residencia y poner coto a esa “brecha cada vez más amplia” que existe entre los trabajadores del sector privado que lo cobran y los que no, “aproximadamente un millar”, según cálculos de CCOO.

Con el propósito de lograr ambos objetivos el líder de la oposición en la Asamblea ha anunciado en declaraciones a Ceutaldia.com que elevará una propuesta al Pleno para que, siguiendo las conclusiones del catedrático José Luis Monereo y el profesor José Antonio Fernández, la Cámara autonómica “promueva una intervención legislativa estatal en la materia”. “El PP ceutí, que tan sensible se muestra constantemente con las necesidades de las empresas”, argumenta Ali, “está mareando la perdiz con la renovación del Estatuto, que alaba como útil todavía, y permitiendo injustas discriminaciones entre los trabajadores ceutíes que está en su mano al menos intentar erradicar en beneficio no sólo de quienes no cobran el Plus, sino de toda la ciudad, que asiste a cómo se vacía de contenido este instrumento básico de compensación y solidaridad”. Según el dictamen jurídico de los dos expertos de la UGR el Pleno tiene toda la capacidad para basar su iniciativa en el artículo 26 del vigente Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Ciudad como objetivos básicos de su acción “la mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los ceutíes”; el “adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social de Ceuta, facilitando el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo”; y “la superación de las condiciones económicas, sociales y culturales que determinan el desarraigo de colectivos de población ceutí”. Actualmente todos los funcionarios, del Estado y de la Ciudad, perciben una cantidad fija en concepto de Plus de Residencia que oscila entre más de 10.000 y más de 3.500 euros. “Casi todos” los empleados del sector privado que trabajan para empresas reguladas por convenios territoriales también lo perciben, en un porcentaje que suele estar fijado en el 25%. La “discriminación” se produce, a ojos tanto de Ali como de Comisiones, con los trabajadores que se rigen por convenios estatales, donde “cada vez más se está restringiendo o eliminando directamente el pago del Plus”, según corrobora Aróstegui, que cifra en “unos mil” los trabajadores en esta situación, aunque advierte de que “el número va cada día a más”. “No es de recibo”, concluye Ali, “que empresas que acumulan beneficios multimillonarios cada año se aferren a subterfugios legales ante la pasividad de la Administración local para operar en Ceuta privando a sus empleados de este derecho retributivo”.

El 33%, tercer objetivo

Los sindicatos mayoritarios hace tiempo que reclaman la ampliación al 33% del Salario Base de la cuantía que perciben los trabajadores que lo cobran en el sector privado del Plus de Residencia. “Se trata”, apunta el secretario general de Comisiones Obreras en Ceuta, Juan Luis Aróstegui, “de acercar a los empleados de las empresas privadas al funcionariado”. El CES también ha encargado un estudio a un grupo de economistas de la UGR que ha concluido que el coste de tal propuesta oscilaría entre 13,7 y 9,1 millones de euros, siendo esta última cantidad “la más cercana a la realidad de acuerdo con las estimaciones efectuadas con datos de la Seguridad Social excluyendo los empleados públicos del sector empresarial”, según reza en el documento evacuado, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Ceutaldia.com. A juicio de Ali también es “viable” solicitar al Estado que fije en ese porcentaje el que las empresas privadas deberían pagar a sus trabajadores, ya que el informe señalado afirma, a falta de un estudio más profundo, que las conclusiones de tal decisión sobre la economía y el empleo ceutí serían “neutras” e incluso “positivas” en tanto que elevaría el nivel de renta disponible y repercutiría sobre el consumo.