El portavoz del Ejecutivo y flamante consejero ‘plenipotenciario’ con mando en Hacienda y Economía, Guillermo Martínez, y el ‘azote’ del Ejecutivo y número tres de Caballas, Juan Luis Aróstegui, han realizado este lunes una especie de mini ensayo general de lo que puede resultar el Pleno Extraordinario que se celebrará este próximo viernes para abordar la deuda de la Administración Pública con sus proveedores.

El debate ha resultado corto y ha sido apagado, debido al formato al que estaba constreñido, el de una interpelación planteada por Caballas, pero ha servido para arrojar algunos datos que seguro volverán a aparecer en la dialéctica y argumentarlo de unos y otros el próximo viernes.

Así, Martínez ha reconocido la aparición de otras 1.643 facturas de proveedores, después de los 80 millones de deuda aceptados por el Gobierno. Pero de ellas, el Ejecutivo sólo ha reconocido y sumado al crédito extraordinario concedido por el Gobierno de la Nación, pero a abonar por la Ciudad Autónoma 67 facturas. El resto 1.576 las ha desestimado.

Las razones para su no aceptación se dividen en tres apartados. De un lado se han tumbado las que no cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda para entrar en dicho plan extraordinario de pago; por otro, se han echado para atrás facturas que se han demostrado repetidas y que ya habían sido presentadas; y por último, tampoco han entrado aquellas facturas presentadas que ha sido imposible constatar que su fecha de emisión fuera anterior al 31 de diciembre de 2011. Esto es “cuestiones formales y técnicas”, tal y como ha resumido Martínez.

Aróstegui le ha pedido al portavoz y titular de Hacienda que lleve porcentajes de esos grupos al Pleno del viernes. Al concejal de Caballas le preocupan en concreto todas aquellas que no se han tumbado por estar repetidas, “son deudas y habrá que pagarlas”, ha apostillado. O lo que es lo mismo la deuda de la Ciudad Autónoma sigue creciendo y ya está entre unas cosas y otras más allá de los 300 millones de euros.

Y no sólo eso, el diputado localista ha denunciado a Martinez que “en 2012 empieza a haber un montón de facturas impagadas. Creíamos que esto era borrón y cuenta nueva”, pero parece que no. El propio Martínez ha reconocido ciertos atrasos en el pago a proveedores y servicios por parte de la Administración Local en lo que va de año, y eso a pesar de que como se comprometió el Ejecutivo en el Pleno se iban a reducir y cumplir tiempos mínimos para el abono de facturas.

Los problemas tienen que ver con la burocracia administrativa y con la saturación que vive el área de Intervención desde que el Ejecutivo de Rajoy aprobara este Plan Especial de Pago a Proveedores. “Con buen criterio le están dando prioridad a eso”, ha explicado Martínez. Si bien, las tensiones en tesorería parecen haberse reducido y la situación de la caja es a día de hoy, según el portavoz gubernamental, algo más holgada que en los últimos meses y se va a comenzar a pagar todo lo que se debe. Se hará a la mayor brevedad e Intervención se volcará en eso en cuanto se dé carpetazo, en los próximos diez días a este Plan Especial que trae a muchos de cabeza desde hace varios meses. Martínez no ha dejado pasar la oportunidad para loar el “gran trabajo” que está haciendo la Intervención. El viernes más.

Alojamiento Alternativo

Por otro lado, el diputado Abdelkader Mohamed Maanan ha preguntado a la titular de Asuntos Sociales Rabea Mohamed por la partida destinada a Alojamiento Alternativo. Maanan ha denunciado que de los 800.000 euros previstos en ella, se ha consumido en un solo trimestre el 63 por ciento.

Rabea Mohamed ha terminado por reconocer que será necesario incrementar la partida para atender las necesidades de los colectivos sin techo acogidos a este programa al tiempo que ha garantizado que así se hará.

Maanan ha recordado que Caballas ya denunció en diciembre que la partida se quedaría escasa, habida cuenta de que el pasado año se consumió un millón de euros y la pobreza y las situaciones de exclusión social y marginalidad en la ciudad siguen en aumento con cerca del 40 por ciento de la población sumida en la pobreza o apunto de caer en ella.

La consejera de Asuntos Sociales en cambio se ha defendido de la acusación de falta de previsión. Las razones por las que la partida se quedará corta son situaciones sobrevenidas. En concreto dos: el destino final del albergue de San José para los menores, pensado para atender a estas familias y ahorrar al Gobierno una importante cifra en pensiones, hostales y alquileres; y de otro lado el retraso en la adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar, con un cupo importante reservado para el colectivo que está acogido a estos programas de alojamiento alternativo.