Mohamed Ali, Juan Luis Aróstegui (que la firma) y Mohamed Haidor han formalizado este miércoles a las 11.00 horas ante el Juzgado de Guardia su denuncia por presunta prevaricación contra el Ejecutivo local en general y su consejero de Fomento, Néstor García, en particular por su gestión "ilegal" de las obras de la Gran Vía "con el único fin de blanquear su desastrosa gestión antes de las próximas elecciones con cuatro fuentes, un jardín vertical y unas cuantas farolas".

La coalición, que avisó hasta tres veces por escrito al Gobierno de lo que haría, no iba de farol. Tampoco ahora, pues ejercerá la acusación particular para que la causa no quede durmiendo el sueño de los justos, como suele pasar cuando simplemente se pone en conocimiento de la Fiscalía un hecho.

"El PP pretende financiar su campaña electoral con fondos públicos, secuestrando derechos de la ciudadanía y saltándose la legalidad"

"La irresponsabilidad, la prepotencia y la arrogancia del Gobierno nos han obligado a traer este tema a los Juzgados por vulneración del PGOU y del Plan Especial de la Gran Vía, que se vulneran de manera manifiesta al incluir peatonalizaciones y cambios del tráfico en el proyecto o al poner un jardín vertical en un solar que debe salir a subasta para construir viviendas, como está establecido en la normativa", han explicado Ali y Aróstegui.

Caballas ha interesado del Juzgado que suspenda cautelarmente las obras y que cite a declarar al arquitecto municipal para que dé su opinión al respecto, dado que el Ejecutivo evitó pedirle a él informes sobre si había o no que sacar el proyecto a exposición pública, como no se hizo. Para Caballas la encomienda de gestión a Tragsa también es "irregular".

Aróstegui ha instado al Juzgado al que corresponda la instrucción de la denuncia que "se tome interés" en una batalla que, ante los Tribunales, no entra en otras críticas de los localistas como que supone un "despilfarro" gastar 8 millones en la Gran Vía "cuando no necesita semejante inversión y hay otras zonas de la ciudad abandonadas".

"El PP pretende financiar su campaña electoral con fondos públicos, secuestrando derechos de la ciudadanía y saltándose la legalidad pero vamos a intentar evitar con todos nuestros medios que los caudales públicos se supediten al interés de un partido", han señalado los diputados localistas, que han llamado la atención sobre lo "deprisa deprisa" que ha empezado a trabajar Tragsa en el centro "cuando en Alcalá del Valle o en la explanada de Loma Colmenar ha demostrado de todo menos eficacia".