Caballas ha vuelto a chocar este lunes en el debate de aprobación definitiva de los Presupuestos de la Ciudad para 2018. Después de que el PP abogase por rechazar con su mayoría todas las alegaciones de la coalición, que había elaborado una “enmienda a la totalidad” a las cuentas del Ejecutivo, el portavoz accidental de la formación, Juan Luis Aróstegui, ha insistido en la necesidad de redoblar la apuesta económica de la Administración autonómica en la lucha contra el paro, la universalización de la Educación de calidad gratuida, la construcción de viviendas y el “equilibrio” territorial entre el centro y las barriadas.

Aróstegui ha remarcado que Caballas y los de Vivas difieren, sobre todo, “en el diagnóstico” de lo que le pasa y lo que necesita Ceuta. “Ustedes”, ha reprochado a los Populares, “han decidido gobernar para un sector, los funcionarios, a los que ofrecen helicópteros y una Gran Vía con farolas de diseño”. “Han olvidado a la mayoría que está en la precariedad o la desesperación y son los valedores de una forma de entender Ceuta: cuidar su cuenta electoral”, ha resumido el localista.

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha elevado hasta 66,3 millones de euros el dinero que supuestamente va a destinar la Ciudad el año próximo a Politica Social, aunque el hecho de que incluyese en ese apartado partidas como la del Instituto de Idiomas le ha sonado “acojonante” a Aróstegui, que ve al PP “hablando como si no fueran responsables de sus actos, con unas milongas que no se compadecen con los hechos” y utilizar vías de dudosa legalidad para tramitar el Presupuesto como cambiar el cálculo de ingresos a través de una enmienda del Partido Popular.

Casos paradigmáticos a su juicio son los de las becas “sabiendo que hay niños que no han recibido todavía los libros en Navidad y muchos que no los recibirán nunca” o el de la atención “preferente” a barriadas como el Príncipe, donde Chandiramani ha asegurado que el Gobierno prevé construir un nuevo Polifuncional en El Príncipe con una inversión de cinco millones de euros que permita liberar el 'Mustafa Mizzian' solo para actividades de Procesa.

“En el Príncipe hay que hacer un esfuerzo adicional para compensar desigualdades porque allí se está reclamando hoy, en 2017, red de saneamiento, y con el Plan de Dinamización de la Barriada nos dicen, tres años después de su aprobación, que están comprando los muebles: es mentira que ustedes estén con la Ceuta de todos, han cerrado ese camino y se lo digo con pena por esta ciudad que no se merece esa estrategia irresponsable”, ha reprochado Aróstegui al PP.

Caballas ha sido muy crítica con el PP por no atender, a su juicio, a los parados “inempleables” que sí tienen opciones y cobertura en otras regiones de España; por no garantizar a los estudiantes de todos los niveles “sin cicatería” la posibilidad de mejorar su formación con independencia de su situación socioeconómica familiar; por no dar más alternativas a quienes necesitan un techo que construir una vivienda irregular, que está mal”, ha expuesto Aróstegui.

Chandiramani ha acusado a su interlocutor de promover el “enfrentamiento” entre los ceutíes y ha negado con solemnidad que se “ría de la gente”, como le ha afeado Aróstegui. “La Política Social debe basarse en trabajar la convivencia, la integración, la Educación y combatir las desigualdades pero el Presupuesto no es un chicle infinito”, ha replicado la consejera, que ha recalcado que ninguna otra barriada aparte del Príncipe tiene equipamientos como el Polifuncional y ha aseverado que esa zona siempre ha sido "una prioridad para los gobiernos de Vivas".

Caballas pretendía recortar 40 de “gastos superfluos” del PP para dedicarlos “crear empleo, construir viviendas, atender a las barriadas con más necesidades y sostener políticas sociales reales adaptadas a la realidad de la ciudad”. La coalición planteaba disponer de este dinero con varias medidas como “restringir al máximo los gastos imputados al Capítulo de Personal que no son estrictamente gastos para el sostenimiento de la plantilla de empleados públicos”, por ejemplo dejando la dieta de más de mil euros que cobra cada diputado por ir al Pleno en 426 euros mensuales y recortando la lista de caros políticos; “maximizar” la eficiencia del gasto público con compras centralizadas y la supresión de contratos “que no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento de los servicios”; “corregir” la política de subvenciones o “aplazar las inversiones que no tengan un impacto directo en la consecución de los objetivos marcados”.