Hay propuestas en política que cuando uno las hace sabe a ciencia cierta cuál va a ser el resultado y que pocas veces la sorpresa cabe en esa geometría casi siempre exacta de los arcos parlamentarios. Así Caballas además de llevar a Pleno la propuesta para que se le permita observar el funcionamiento de las Mesas de Contratación, llevaba otra con parecido fin y sentido: la canalización de las contrataciones temporales que viene realizando la Ciudad Autónoma a través de bolsas de trabajo. El objetivo como en la anterior ahondar en fabricar una imagen de transparencia en la gestión que sale más bien sucia de las conversaciones de las barras de los bares y las mesas de los cafetines. El PP votó en contra, como preveía la oposición.

Pero el debate sirvió para abordar un tema que, según la oposición, indigna en la calle y según el Gobierno si indigna es porque con frecuencia la oposición hace de “vocero del rumor”, que por supuesto “es mentira”. Y también para que Caballas dejara caer, casi sin darle importancia que la contratación del que fuera jefe de Gabinete del presidente y polémico, Francisco Javier Sánchez Paris, está judicializada. Esto es que alguien, presumiblemente Caballas, ha puesto el asunto en manos de los tribunales por un supuesto delito, a saber: tráfico de influencias o contratación ilegal.

Y por el tono bajo de la afirmación, la falta de aprecio a la cuestión y la apariencia de que no es una denuncia demasiado reciente, da la impresión de que pueda ser la punta del iceberg de una nueva estrategia política de Caballas que invierte los términos de la tónica habitual de la oposición en los últimos años. Dónde antes se denunciaba públicamente a ‘troche y moche’ cualquier posible ilegalidad o irregularidad cometida por el Gobierno sin que después llegase a prosperar la denuncia en los Tribunales, ahora primero se interpone querella y después se anuncia, o no. Discreción y Justicia.

Parece lógico. Este lunes el propio portavoz del PP en el asunto de las bolsas de trabajo, Francisco Márquez, rebatió todos los argumentos de la oposición que tenían como piedra basal la sensación de “enchufismo” en las contrataciones con el ya manido ‘ahí están los juzgados’. Lo que dijo Márquez es que “si se tiene constancia de alguna vulneración existen los métodos para denunciarlo. En 2010 y lo que va de 2011 no se ha llevado ningún proceso de contratación a los Tribunales”, afirmó el máximo responsable de los Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma.

Y recibió por replica del líder de la oposición, Mohamed Alí, una llamada a la prudencia: “No me obligue a dar nombres” y un anunció en forma de pregunta “¿sabía usted que la contratación del señor Sánchez Paris sí está judicializada? No se si lo sabía, pero sí está judicializado”, repitió Alí.

Fue lo más destacable de un debate insulso por saber de ante mano que el resultado es que el Gobierno apuesta por seguir haciendo las cosas como hasta ahora en materia de contrataciones temporales.

Sus razones son que se están haciendo bien, respetando la igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, permitiendo el funcionamiento ágil de la administración local que de otro modo sería más ineficaz, sin denuncias, de forma pactada con los sindicatos, tal y como marca la Ley y por supuesto sin ninguna de las oscuras cosas que ve la oposición, en este caso tanto Caballas como el PSOE estaban de acuerdo.

Y la oposición, justo lo contrario. Caballas quería bolsas de trabajo en todas las categorías con una vigencia de dos años para garantizar lo que creen ellos y dicen que siente la ciudadanía que no se cumple, la igualdad de oportunidades, la capacidad y el mérito. “La sombra del enchufe rodea a todas las contrataciones”, sentenció Alí, según Márquez más suave en su exposición inicial que en su texto argumentativo.

Caballas cree que la actual política sirve para “colocar a los comisarios políticos del PP” que “entran por la puerta de atrás en el Ayuntamiento y se quedan ahí toda la vida”, en palabras de Alí. Una situación que merma la imagen pública de la institución y que no ayudan a que los ceutíes sientan que la función pública está al alcance de todos en tiempos en los que la administración local es la ‘empresa’ que más, sino la única, estimula la contratación de la ciudad con más paro de España.