La coalición Caballas, en una carta remitida al consejero de Fomento, Néstor García, avisa al Gobierno de que estaría incurriendo en un delito de prevaricación al ignorar la Ley del Suelo, que obliga a exponer al público los proyectos que como el de Gran Vía afecten a ámbitios protegidos.

El Proyecto Integral de Remodelación de la Avenida Alcalde Sánchez Prados, que incluye también la Plaza Virgen de África y la Calle Jáudenes  y aledaños, conocido como PERI “Gran Vía de Ceuta” afecta de lleno a los ámbitos protegidos de la Basílica Tardo-Romana y los restos de la muralla y a la Catedral de Santa María de la Asunción. Un impacto más que previsible en estos dos valiosos yacimientos que obliga, según estipula la Ley, a poner en exposición pública el polémico proyecto de reforma de la Gran Vía. Pero, pese a todo, el proyecto que maneja el Gobierno, presupuestado oficialmente en 7,8 millones,  sigue siendo un secreto.

La coalición Caballas, contraria a un proyecto que considera un “despilfarro” con un marcado interés electoralista, que solo ensancha la brecha de desigualdad entre el centro y la periferia ha remitido “por tercera vez” una carta al consejero responsable, Néstor García,  para que el proyecto sea sometido al preceptivo trámite de información pública, “con la intención de evitar la presentación de una querella por prevaricación administrativa, nunca deseable”.

La carta remitida este miércoles al consejero, recuerda que en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno del pasado viernes, el portavoz, Jacob Hachuel, justificó su rechazo a la exposición pública alegando que “los técnicos han dictaminado que es innecesario”.  A este respecto, Caballas recuerda lo que establece el Artículo 25 del  RDL 7/2015 (Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en cuyo artículo 25, sobre ‘Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística’ se establece que “todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas,  incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos a trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes”.

Un periodo de exposición pública reforzado en este caso al comprobar que el citado Proyecto Integral de Remodelación de la Avenida Alcalde Sánchez Prados, Plaza Virgen de África, Calle Jáudenes  y aledaños afecta a dos más que notables ámbitos protegidos del patrimonio histórico y cultural de la ciudad autónoma, la Basílica Tardo-Romana y Muralla y la Catedral de Santa María de la Asunción.  Un impacto más que evidente que, viene denunciando la coalición que lidera Mohamed Alí, el Gobierno está ignorando deliberadamente, lo que constituiría un claro ejemplo de prevaricación.