La coalición Caballas ha instado este lunes por escrito a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Susana Román, a "incoar un expediente informativo que esclarezca lo sucedido y del que se deriven las responsabilidades a las que hubiera lugar" por todas las derivadas del 'caso Oclem', consultora a la que en 2011 se encargó una auditoría sobre el alumbrado para licitar un gran contrato millonario al que finalmente el Gobierno acabó renunciando.

El interventor se negó a pagar al estimar que el valor del dictamen era casi nulo y la empresa judicializó el asunto, archivando la querella. Durante las diligencias judiciales han aparecidos correos electrónicos entre la parte privada y el jefe de Industria, que defendió su reclamación de cobro reproduciendo argumentos literalmente.

"Nos parece especialmente grave que los informes que emitan los técnicos municipales puedan estar 'dictados' por las empresas privadas que resultan beneficiarias de los contratos y este hecho, a nuestro juicio, merece una explicación convincente", reivindica.

En la misiva de los localistas, firmada por Juan Luis Aróstegui, se recuerda a Román que "eesde el año 2014 viene sufriendo vicisitudes de diferente índole un contrato menor suscrito por la empresa Oclem para la realización de un trabajo de asistencia técnica, al parecer, necesario para la elaboración de un Pliego de Condiciones para la contratación de un servicio que nunca se llegó a efectuar".

"Este expediente", amplía Aróstegui, está salpicado de actuaciones inexplicables. Así se lo hicimos ver mediante una interpelación presentada en el Pleno de Febrero de 2014, que contestó usted (en aquel entonces Consejera de Fomento) del siguiente modo: 'Nunca hubo acuerdo por el Consejo de gobierno, no tenemos absolutamente ningún problema en clarificar todo aquello que hay que clarificar. Entiendo su postura y desde luego nosotros somos los primeros interesados en que el expediente se esclarezca, porque usted comprenderá que no tenemos ningún interés, ni conocemos a la empresa, ni sabemos quién tiene que estar detrás de estas cuestiones”.

Una relación "cuanto menos tóxica"

Caballas critica ahora que, "a pesar de su declaración de intenciones, lo cierto es que nunca se aclaró nada". "No hemos no ha olvidado este expediente teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean y hemos permanecido a la expectativa porque, aunque parezca una broma, fue la empresa la que presentó una querella contra el interventor por negarse a pagar lo que tenía toda la apariencia de ser un 'pelotazo”, argumenta.

La coalición calló porque "no nos parecía correcto interferir en un asunto que estaba en los juzgados pero esto no quiere decir que las demandas de “clarificación” no sigan vigentes, ni que, ahora, el paso del tiempo se pueda esgrimir como excusa para no actuar".

Ahora "la causa ha sido archivada, como era lógico, y como consecuencia de ello Caballas, como el resto de la ciudadanía y usted misma, ha tenido conocimiento de que existen determinados correos electrónicos que demuestran una relación cuanto menos tóxica entre el jefe del Servicio de Industria y la empresa que recibió 'a dedo' la adjudicación del contrato".

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