La coalición localista de Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui no va a dejar pasar la resolución del Tribunal de Cuentas sobre las dietas percibidas supuestamente de forma incorrecta por del interventor delegado por su asistencia a los Consejos de Administración de la empresa municipal Obimasa y ya ha registrado este jueves una interpelación sobre el asunto para el próximo Pleno ordinario de noviembre.

En la argumentación de su interpelación, Caballas va más lejos de lo que lo ha hecho el Tribunal de Cuentas y afirma que “este hecho, de indudable trascendencia, no afecta exclusivamente a la empresa Obimasa; sino que esta circunstancia se viene produciendo, al menos desde el año 2001, en todas las empresas municipales y entidades dependientes de la Ciudad, y en los casos no sólo de la Intervención, sino también de la Secretaría General”, recoge el texto de la interpelación de Caballas.

Y la sospecha de que interventores y secretarios generales, delegado o no, han cobrado dietas de más por su participación sin asistencia a los Consejos de Administración de los entes municipales la fundamenta Caballas en un reconocimiento de esa situación por parte del propio Consejo de Gobierno que preside Juan Vivas. Ese órgano, según Caballas, “acordó” en su reunión “celebrada el pasado día 26 de octubre”, este miércoles, “ajustar el pago de estas indemnizaciones al criterio manifestado por el Tribunal de Cuentas a partir de este momento”, refrenda Caballas en su interpelación.

Hasta el momento, el Tribunal de Cuentas ha documentado el cobro de algo menos de 12.000 euros por parte de la Intervención en los Consejos de Administración de Obimasa, pero a la vista de los acontecimientos Caballas centra su interpelación en cuatro puntos sobre los que espera que el Gobierno informe al Pleno de la Asamblea:

1.- “Relación de empresas y organismos que se verían afectados por el criterio del Tribunal de Cuentas al haber abonado dietas al interventor o secretario general por sesiones de Consejos de Administración no celebrados”

2.- “Evaluación aproximada de la cantidad total que se habría pagado de manera presuntamente indebida”.

3.- “Relación de los responsables de los pagos presuntamente indebidos, siguiendo el criterio del Tribunal de Cuentas”.

4.- “Actuaciones que tiene previsto emprender el Gobierno en defensa de los intereses generales de la Ciudad”.

El Tribunal de Cuentas ha apreciado que en los pagos al interventor delegado de Obimasa acudiese o no las reuniones del Consejo de Administración “concurren los requisitos de un presunto ilícito contable”. Además el Tribunal de Cuentas ha responsabilizado de ese presunto “ilícito” a la Gerencia de Obimasa, como órgano competente en materia de ejecución del gasto público, en este caso.

Tras conocerse el acta del Tribunal de Cuentas, el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que según Caballas se acordó pagar en adelante esas retribuciones conforme a la doctrina del Tribunal de Cuentas, anunció que el Gobierno recurriría esa decisión y que la sentencia definitiva tardará entre dos o tres años.

En cualquier caso, Martínez anunció el fin de esas dietas, haya o no asistencia a los Consejos de Administración de las empresas municipales. Martínez también adelantó que en caso de que impere la postura actual del Tribunal de Cuentas no sería la Ciudad quien se haga responsable de resarcir a las arcas públicas las cantidades indebidamente pagadas, sino cada uno de los responsables señalados en cada caso por el Tribunal de Cuentas.

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