Un informe encargado a una empresa de Madrid nada más empezar la legislatura por 18.000 euros, lo justo para hacerlo 'a dedo'. Un dictamen con algo más de 90 páginas, más del 90% "fotocopias", y "cuatro párrafos" de contenido real, "obviedades más bien". Un encargo para un megacontrato de gestión del alumbrado público impulsado por Márquez que nunca fraguó. Una factura remitida 16 meses después. Una negativa de Intervención a pagar. Un ¿amago? gubernamental de reconocimiento extrajudicial de deuda. Olor a chamusquina.

El primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, interpelará al Gobierno de la Ciudad en el próximo Pleno para saber si piensa pagar esos 18.000 euros a ‘Grupo Oclem’, una empresa radicada en Madrid, por la redacción de un ‘Estudio-auditoría de Eficiencia Energética del Alumbrado Eléctrico de la ciudad’ encargado en 2011 y concretado en 92 páginas “que son, en realidad, un montón de fotocopias; un dislate condensado en cuatro párrafos, cuatro obviedades”.

Si el Gobierno local se rasca el bolsillo o piensa hacerlo, el primer grupo de la oposición en la Asamblea pondrá el asunto “en manos de la Fiscalía”. Lo llamativo del caso es que no se trata de una disputa más o menos 'política' más entre Caballas y los Populares. En este caso los primeros reproducen casi literalmente los argumentos utilizados por la Intervención de la Ciudad para negarse al pago.

“El estudio propiamente dicho dedica prácticamente su contenido total a transcribir datos suministrados por la propia GIUCE que se limitan a describir el emplazamiento de los centros de mando y las luminarias, habiendo elaborado, presuntamente, un cuadro con los valores de iluminancia de 23 viales”, describe el órgano fiscalizador, que llama la atención sobre el hecho de que el dictamen se “despacha” el apartado de “conclusiones y propuestas” con dos aparentes obviedades. Una, que la solución propuesta es “la sustitución de las luminarias existentes dotadas de lámparas convencionales por otras de tecnología LED”. Otra, que conviene “dotar a las luminarias de un equipo electrónico de telegestión para realizar así una reducción de flujo adecuada”.

De esta forma se lograría, completa la adjudicataria del trabajo, “ahorro energético” y “mayor respeto y conservación del Medio Ambiente, pues se disminuirán las emisiones de CO2, lo que contribuye al bienestar general”.

Así las cosas, en junio del año pasado Intervención devolvió el expediente a la GIUCE negándose a hacer el pago, entre otras cosas porque el informe se había encargado en julio de 2011 con un plazo de ejecución de un mes y no se presentó factura hasta diciembre de 2012. Además, durante todo este tiempo el Gobierno local renunció a licitar un contrato global para diez años de mantenimiento y sustitución de alumbrado y optó por mantener el modelo precedente.

 

"Dio pleno cumplimiento al objeto del encargo"

El jefe del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad defiende, sin embargo, que el estudio se entregó en agosto de 2011, 16 meses antes que la factura, y entiende que la auditoría “dio pleno cumplimiento al objeto para el que fue encargada, que no era otro que formar parte del Pliego de Prescripciones Técnicas para la licitación” de la Gestión de Servicio Integral de Alumbrado Exterior para la ciudad de Ceuta.

El estudio, según el informe de Industria firmado en junio de 2011 que solicitó su contratación (recogido en un expediente que fue “extraviado” por la GIUCE), debía “determinar el estado real de la red de alumbrado y los niveles de ahorro en consumos que sean posibles optimizando la contratación con la compañía de suministro, sustituyendo equipos de alumbrado y mejorando los mantenimientos”.

El contrato se encargó directamente a ‘Grupo Oclem’ por un importe de 18.000 euros (17.307,69 precio del contrato y 692,31 de 4% de IPSI), una cantidad que tampoco ayuda a disipar los recelos de Caballas, ya que es la cifra máxima exacta que permitía encomendarlo directamente “a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación” de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Así, para darle carrete sólo hacía falta “la aprobación del gasto” y “la incorporación al mismo de la factura correspondiente”.