Caballas propondrá este mes al Pleno que la Ciudad ponga en marcha de manera urgente y con la consignación presupuestaria pertinente "un Plan Extraordinario de Ayudas a las Familias sin recursos para paliar los efectos provocados por el nuevo modelo organizativo implantado en los centros docentes con motivo de la COVID-19 tanto en el ámbito pedagógico como en el de la conciliación de la vida familiar y laboral".

Los localistas explican en su iniciativa que el nuevo modelo organizativo de doble turno matutino de 3 horas de clases presenciales implantado en los centros de Ceuta para garantizar la protección de la salud de toda la comunidad educativa durante este curso "está ocasionando no pocos problemas a las familias con hijos en edad escolar".

"La reducción del horario lectivo y su distribución en dos franjas diferenciadas dificulta, por un lado, la conciliación de la vida laboral y familiar y, además, reduce de manera apreciable los apoyos y refuerzos que recibía habitualmente el alumnado con mayores necesidades", añaden los de Mohamed Ali.

Esta "insólita situación" ha obligado a las familias a contratar personas y/o servicios (entre los que se incluyen de manera más extendida las “clases particulares”) que contribuyan a paliar estos efectos, pero la coalición alerta de que "esta solución no está al alcance de todos", ya que "las económicamente modestas no tienen capacidad adquisitiva suficiente para costear este tipo de medidas".

"Estamos ante una nueva brecha, la enésima en la ciudad paradigma de la desigualdad más injusta y profunda, y ahora también para soportar los efectos de la pandemia hay clases, por lo que la Ciudad tiene la obligación moral de evitar que se siga abriendo la ya enorme sima que separa a unos ceutíes de otros", razona Caballas, que considera que "no es justo que los hijos e hijas de familias sin recursos queden privados de apoyos, refuerzos u otro tipo de medidas que frenen o reduzcan los desfases en los procesos enseñanza aprendizaje que pueda ocasionar la COVID-19".

El modelo de Castilla y León

En regiones como Castilla y León, donde también gobierna el PP, ya se han articulado iniciativas en esa línea como un cheque-servicio consistente en una ayuda económica para la contratación de una persona "durante las horas en las que los padres no puedan atender al menor".

Tendrá una cuantía que dependerá del tiempo que necesiten los progenitores para atender al menor y no superará el importe proporcional al número de horas de contratación calculado sobre el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más los gastos de los seguros sociales. Para su concesión será necesaria la incorporación de un informe que recoja la existencia o no de la necesidad de apoyo.

La Junta también prevé poner en marcha una ayuda a domicilio "por la que se enviará a un cuidador que atienda estas necesidades en situaciones puntuales”. En Castilla y León los requisitos incluyen no superar los 35.000 euros de ingresos (la mitad en el caso de las familias monoparentales).