Caballas instará al Pleno el próximo lunes a “anular el Acuerdo Plenario de fecha 14 de julio de 1995 por el que se delegaron las competencias del Pleno en ámbitos como la Contratación o la política de Recursos Humanos de la Administración en el Alcalde-Presidente y en el Consejo de Gobierno”.

La Corporación municipal aprobó con los votos a favor de los representantes de PFC, CEU y PSOE un acuerdo por el que determinadas competencias plenarias, las que la Ley admitía, “todas de ellas de sumo interés e importancia” a juicio de la formación que lidera Mohamed Ali, quedaban delegadas en el líder del Ejecutivo autonómico y en el Consejo de Gobierno.

A juicio de Caballas, dos décadas después es oportuno revisar esa situación porque “durante este periodo este acuerdo se ha mantenido inalterado a pesar de las significativas modificaciones legislativas, y de los profundos cambios del contexto político”. “De hecho, los partidos que sustentaron la mayoría que lo aprobó ya ni siquiera existen”, recuerdan los localistas en su iniciativa, en la que destacan que “este modo de proceder somete la gestión de la Ciudad Autónoma a un estado de fragilidad jurídica muy poco recomendable”.

Desde su punto vista tampoco parece “razonable” que competencias “tan importantes como las relacionadas con la contratación de obras, servicios y suministros. o la política de recursos humanos, encuentren su amparo legal en un extraño entramado de interpretaciones jurídicas, cuya base fundamental es la analogía”.

Para los de Ali y Aróstegui “desde el punto de vista político esta situación es indefendible, ya que implica desplazar a todos los partidos de la oposición, que representan en su conjunto al 44,54% del electorado (frente al 45,77% del PP) del debate y capacidad de propuesta sobre asuntos de indudable interés para la ciudadanía y que deben encontrar en el Pleno de la Asamblea el marco adecuado para su discusión”.

“Cualquier otro planteamiento”, remacha la propuesta de los localistas, “sólo puede obedecer a una voluntad de ensombrecer la gestión del Gobierno para huir de su fiscalización, y/o privar a los grupos de la oposición de ejercer su legítimo democrático derecho a plantear alternativas al Gobierno".