Es habitual escuchar en el discurso de los grupos políticos de la oposición al Gobierno de Vivas lamentarse y quejarse de la falta de transparencia de la Administración local y del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma. La oposición a duras penas puede acceder a los documentos oficiales que dibujan la acción del Gobierno a pesar de solicitarlos por los canales establecidos para desarrollar su labor de fiscalización al Gobierno. Se lleva quejando Mohamed Alí y su equipo las dos anteriores legislaturas y esta, y lo hacía Toñi Palomo, hace dos legislaturas, las mismas quejas salían de la boca de Inmaculada Ramírez la pasada y también en esta, José Antonio Carracao. Lo nuevo es que alguno de los grupos políticos realicen esa queja de un modo formal. Y así lo ha hecho Caballas este martes.

El grupo de Mohamed Alí, Fatima Hamed, Juan Luis Aróstegui y Mohamed Abdelkader Maanan ha cursado por registro este martes un escrito dirigido al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en el que ponen en su conocimiento esta circunstancia y después, esto ya es habitual, han hecho pública su queja.

Le recuerda Caballas al presidente que “los concejales, según dispone el Reglamento de la Asamblea en vigor, tenemos derecho a recibir de los servicios municipales la información necesaria para desempeñar nuestra labor”. Algo que para el grupo parlamentario de la oposición está fuera de toda duda, ya que además de que nadie cuestiona este extremo, de forma pública el propio Gobierno en algunas ocasiones ha tenido a gala apostar por su voluntad de facilitar la información a la oposición.

Pero todo, según Caballas, se queda en eso, en buenas intenciones. “La realidad es bien distinta. Amparándose en el hecho de que el Reglamento no estipula un plazo para el cumplimiento de esta obligación, los distintos responsables del Gobierno que usted dirige incumplen impunemente su obligación de facilitar información a los grupos de la oposición”, le explica Caballas a Vivas en su escrito.

Para el principal grupo de la oposición, “el reiterado incumplimiento” no tiene explicación, por más que buscan argumentos para disculpar la actitud del Ejecutivo. Caballas le recuerda al presidente que la relación entre la oposición y el Gobierno se canaliza a través de la Mesa de la Asamblea, que “dispone de dos cargos políticos muy bien remunerados, además de sus correspondientes asesores y los funcionarios adscritos”.

Descartada la falta de recursos humanos, Caballas ha deducido que “existe una voluntad política escondida tras la permanente excusa para la obstaculizar y boicotear la labor de la oposición”.

Hasta la fecha, en lo que va de legislatura a Caballas no le han sido entregadas, a pesar de haberlas solicitado, las certificaciones del Plan Aparca (pedidas el 20 de julio de este año), la relación de gastos de publicidad institucional de 2010 (27 de julio), la relación de personal del Ayuntamiento que tiene concedida la compatibilidad (1 de agosto), sobre esta cuestión llevaron a Pleno una interpelación para conocer al menos el número de funcionarios que compatibilizan su trabajo con otras tareas, el Gobierno contestó que seis. Caballas también sigue a la espera de conocer la relación de facturas sin consignación presupuestaria (2 de agosto) y de obtener una fotocopia del contrato entre la Ciudad Autónoma y la empresa Urbaser (16 de agosto).

“Si su intención es impedir el acceso de los concejales a la información, le rogaría que nos lo hiciera saber para ahorrarnos la pérdida de tiempo que supone redactar los escritos y presentarlos en el registro correspondiente”, concluye la carta que firma Juan Luis Aróstegui.