A partir de junio, semana arriba semana abajo, hacer el cafre en la vía pública en términos medioambientales (tirar la basura a cualquier hora y donde sea, escupir, sacudir alfombras, regar las plantas a destiempo...) va a salir mucho más caro. El consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, llevará la próxima semana al Pleno para su aprobación inicial el texto de la nueva Ordenanza de limpieza pública y residuos, que multiplicará el importe de las sanciones por comportamientos incívicos como los mencionados, orinar o no recoger y limpiar los excrementos sólidos y líquidos de las mascotas, actos todos ellos que quedarán tipificados como infracciones leves o graves sancionables con hasta 1.500 euros.

El texto eleva de 150 a 750 euros las multas por no depositar en las papeleras los residuos sólidos de tamaño pequeño como papel, envoltorios y similares; “escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública”; “sacudir ropas y alfombras desde balcones”; “depositar colillas u otras materias encendidas sin apagar en papeleras o contenedores”; o “esparcir y tirar toda clase de octavillas o colocar publicidad en los vehículos”.

A los adultos no les va a quedar otra que rascarse el bolsillo pero la coalición Caballas intentará aprovechar el periodo de tramitación parlamentaria de la norma para sustituir las sanciones económicas (entre 100 y 750 euros por las leves; de 750,01 a 1.500 las graves; y con hasta 3.000 las muy graves) cuando los infractores sean menores por trabajos formativos en beneficio de la comunidad que sirvan para concienciar a los incívicos.

El planteamiento del Gobierno en el borrador que ya ha pasado por Comisión Informativa apuesta por cargar sobre las carteras de las familias el peso de las consecuencias. En su redacción actual, el procedimiento sancionador de la futura norma establece que “cuando en actuaciones y conductas tipificadas en la presente Ordenanza se detecte la participación de menores de edad, el expediente sancionador se comunicará a sus padres, madres, tutores y tutoras”.

Estos “responderán solidariamente del pago de las sanciones derivadas de las infracciones cometidas por personas menores de edad, por no haber evitado como garante la comisión del hecho, en razón del incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos, que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa cuya comisión se impute a los menores”.