Los representantes de la Coalición Caballas en el Consejo de Administración de la empresa municipal OBIMASA, han votado en contra de la propuesta realizada por el presidente del Consejo, Guillermo Martínez, para prorrogar durante dos años más el servicio de asesoramiento jurídico a dicha empresa, por importe anual de 32.500 euros, informan en nota de prensa desde la formación localista.

Las razones aducidas por la representación de Caballas para oponerse a la prórroga se referían a la forma de adjudicación inicial del contrato, que se había realizado mediante el procedimiento simplificado, regulado en las normas aprobadas por el consejo de administración de esta sociedad municipal para la formalización de los contratos no sometidos a regulación armonizada, "invitando a tres personas para la presentación de ofertas, de las cuales solo respondió una a la invitación. Casualmente, una destacada militante del PP que era la que anteriormente venía realizando este servicio de asesoramiento". Los representantes de la coalición en el órgano colegiado que dirige la empresa municipal solicitaron información de la presidencia para conocer los criterios empleados por el órgano de contratación para decidir las personas seleccionadas. "A este respecto no se facilitó ninguna explicación, aduciendo que el contrato se había formalizado en la legislatura anterior y que en esta solo se procedía a su prórroga, que era una posibilidad contemplada en la Ley". Caballas considera que no existen ni existían razones que aconsejaran la adjudicación mediante el procedimiento simplificado, sin publicidad, de este contrato para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico y que en su tramitación no se ha tenido presente el interés general de los ciudadanos "sino que se ha actuado con la intención de recompensar servicios prestados a la causa del PP por los militantes históricos del partido". Caballas estudia las posibles responsabilidades judiciales que pudieran derivarse por determinadas irregularidades cometidas durante la tramitación del expediente. Independientemente de las cuestiones legales, Caballas considera que esta contratación era perfectamente prescindible, "ya que la naturaleza del asesoramiento no responde a las necesidades de la actividad ordinaria de la empresa y, sobre todo, es contraria a la anunciada política de austeridad y contención del gasto público tantas veces pregonada por el gobierno de Juan Vivas".