La permanencia en sus cargos públicos de José Diestro, Adelaida Álvarez, Carolina Pérez, Salvador Jaramillo y Manuel Coronado se jugará en parte a lo largo de este mes de enero en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta. FSP-UGT, al que una sentencia ya dio la razón en noviembre en que el ex gerente de Procesa no puede ocupar ese puesto sin ser funcionario de carrera, ha solicitado la ejecución provisional de dicha resolución al entender que sería "una irresponsabilidad" permitirle seguir en su puesto un año o más, lo que puede tardar el TSJA en pronunciarse sobre el recurso presentado por el Ejecutivo local.

Justo después de que el Juzgado se pronuncie al respecto, previsiblemente "en una o dos semanas", tendrá lugar, el día 23, el juicio sobre el caso de Adelaida Álvarez, que seis semanas después de ser cesada como asesora fue nombrada, sin ser tampoco funcionaria de carrera, subdirectora general de Empleo.

La representación legal de los ugetistas estima que el recorrido de su caso puede ser mayor aún que el del primero. Si con Diestro la central opina que la repercusión última de confirmarse la nulidad de su nombramiento pasaría por la devolución de sus retribuciones y la posible anulación de alguna de sus decisiones, con Álvarez se prevén, además, posibles "responsabilidades penales por prevaricación" para quien avalase con su firma su designación.

"Mientras que para propiciar el nombramiento de Diestro se propició un Acuerdo Plenario que facilitase a cualquier ex gerente de empresa pública ser director general, con Álvarez y el resto de subdirectores generales entendemos que se vulneró directamente la legislación estatal básica, algo que un Ayuntamiento no puede torcer a su antojo", argumentan desde FSP-UGT.

En segundo lugar, el sindicato augura que, pese a que el plazo para impugnar los nombramientos de Pérez, Jaramillo y Coronado, tampoco funcionarios de carrera, como subdirectores generales de Fomento, Festejos y Juventud ya venció, de anularse el de Álvarez "la doctrina sería de aplicación a los otros tres".

"Potestad discrecional"

El Gobierno de Ceuta mantiene, sobre los subdirectores generales, que en ningún caso pueden extenderse a sus figuras las pegas que se han referido al director general, ya que los requisitos para acceder a tales responsabilidades "son distintos".

En noviembre pasado, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta anuló “por no ser conforme a derecho” y por falta de motivación el nombramiento como director general de Finanzas y Presupuesto de la Administración local de José Diestro al entender que “las concretas funciones que tiene encomendadas se entiende que deben ser ejercidas, exclusivamente, por un funcionario de carrera”.

La Ciudad, en un recurso firmado como "letrado de la Ciudad" por Luis Ragel, ha recurrido este dictamen al entender que la Administración local "entra en lo que se puede denominar bloque constitucional, rigiéndose por la Constitución, el Estatuto y el régimen que del mismo se deriva para la organización y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno".

“El director general está enmarcado, junto al presidente y los consejeros, como un ‘alto cargo’, decisión que se enmarca en el amplio margen de discrecionalidad que tiene la Administración ceutí para auto-organizarse”, considera el Ejecutivo ceutí, que defiende que, a diferencia de lo que sucede en la estatal y en las de otras Autonomías, en la Ciudad el director general no es “el más alto puesto de trabajo” del sector público, sino “un cargo de designación netamente ‘política’ al que se exige una cierta necesaria capacitación con la exigencia de unos requisitos mínimos para perfilar la idoneidad de la persona elegida".

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