El diputado ceutí plantea una redistribución histórica del presupuesto autonómico para acabar con el “clientelismo político” y reforzar los servicios esenciales
El diputado de la Asamblea de Ceuta, Carlos Verdejo, ha lanzado una propuesta política de alto voltaje que busca romper con la dinámica institucional vigente: devolver la mitad del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta al Estado, es decir, unos 200 millones de euros, con una única condición: que el Gobierno central los gestione directamente y los destine exclusivamente a sanidad, educación, seguridad y justicia.
En palabras del propio Verdejo, “los ceutíes no queremos ver cómo nuestros impuestos pasan de enchufados ceutíes a prostitutas y cocaína para barones del partido”. Con su estilo directo y sin filtros, el parlamentario critica duramente el modelo actual de gestión local y denuncia el uso ineficaz y clientelar de gran parte del presupuesto público.
Una gestión centralizada para acabar con el despilfarro
El presupuesto total de la Ciudad de Ceuta supera actualmente los 400 millones de euros anuales, de los cuales, según Verdejo, una parte considerable “se disuelve en dietas, comilonas, asesores innecesarios, eventos vacíos y subvenciones inútiles que sostienen un sistema que se alimenta a sí mismo en vez de servir al ciudadano”.
Verdejo propone que esos 200 millones retornados al Estado se administren directamente desde los ministerios correspondientes, con el objetivo de acabar con la corrupción política, el despilfarro institucional y el abandono de los servicios públicos fundamentales.
Sanidad colapsada, aulas saturadas y seguridad sin medios
Uno de los pilares de su propuesta es la sanidad pública, que califica como “insostenible” en Ceuta. Faltan especialistas en casi todas las áreas, las listas de espera superan los tres meses y no hay ni UCI pediátrica ni una unidad de radioterapia operativa. Además, la atención primaria está desbordada y muchos profesionales sanitarios abandonan la ciudad por falta de medios.
En materia educativa, Verdejo apuesta por reducir la ratio por aula, incrementar el número de docentes y suprimir el “despilfarro burocrático y los puestos duplicados que no aportan nada al aprendizaje de los alumnos”.
Respecto a la seguridad, el diputado exige al Ministerio del Interior una inversión directa para reforzar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, dotarlas con más medios técnicos y permitir que actúen con firmeza contra “mafias, clanes delincuenciales y estructuras de inmigración ilegal organizada que hoy operan con total impunidad”.
Finalmente, añade un cuarto eje estratégico: la justicia, a menudo olvidada en el discurso político, pero fundamental para el funcionamiento de una democracia. Verdejo solicita más jueces, fiscales y personal judicial, así como recursos tecnológicos y humanos para evitar que los delitos queden impunes por colapso o lentitud.
Un nuevo proyecto político sin ataduras
Más allá de la propuesta presupuestaria, Verdejo lanza un mensaje claro a quienes califica de “cómplices del sistema”. Señala a quienes “dicen una cosa en campaña y hacen otra en el pleno”, en una crítica velada a representantes actuales de Vox en Ceuta, como Juan Sergio Redondo, a quienes acusa de haber adoptado una actitud tibia y complaciente con el poder.
“La gente no quiere más luces de Navidad, ni más semanas culturales, ni más asesores con sueldos de ministro. Quieren pediatras, profesores y policías”, afirma Verdejo, que asegura que su proyecto no busca cargos ni favores, sino soluciones concretas y eficaces para una ciudad que sufre un deterioro institucional evidente.
Este ambicioso plan forma parte del nuevo proyecto político que Carlos Verdejo liderará en Ceuta, en el que propone dar un giro de 180 grados a la gestión pública y centrar el gasto en las verdaderas necesidades de la ciudadanía.
“Los que están ahora no saben o no quieren hacerlo, pero no hay que rendirse. Hacerlo es un deber”, concluye el diputado ceutí, que se posiciona como una alternativa directa al modelo actual, con un discurso basado en eficacia, responsabilidad y cero tolerancia al derroche institucional.
