Gran parte de la ciudadanía ha mostrado cierto entusiasmo por la reforma de las Administraciones Locales que a modo de anteproyecto de Ley ha anunciado el Partido Popular de Mariano Rajoy, el mero hecho de que pueda servir para rebajarle el sueldo a muchos concejales y alcaldes había desatado cierto entusiasmo, pero nada más lejos de la realidad a juzgar por lo que han venido a explicar a Ceuta este jueves el secretario General del Sector Estatal de Administración Local, Joan Gasull y su compañero de Estudios e Informes dentro de la misma federación, Vicente Afonso.

El anteproyecto supone a su juicio y una vez estudiado en profundidad la destrucción de gran parte del bienestar social que proporcionan muchos ayuntamientos a través de la gestión de servicios de cercanía a la ciudadanía.

Y es que el proyecto popular abre la puerta a privatizaciones y externalizaciones masivas, incluso de servicios como los de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género o los propios Asuntos Sociales o los servicios deportivos y un largo etcétera.

Privatizaciones que a su juicio traerán peor calidad de los servicios y un mayor coste para el bolsillo de la ciudadanía, así como despidos en las administraciones locales y precarización de las condiciones de trabajo de los que queden.

“La Ley lo que comportará es la externalización y privatización de muchos servicios que vendrán marcados por un estándar”, ha asegurado este jueves Gasull.

Y en ese “estándar” parece estar la clave de bóveda de toda la reforma. El Gobierno central prevé en su cruzada contra el déficit no permitir a los ayuntamientos ni un céntimo de deuda, para ello lanzará junto con la Ley una batería de servicios cifrados en precio y a cuyas tarifas tendrán que acogerse todos los Ayuntamientos. También los de Ceuta y Melilla, cuyas únicas tres menciones en el borrador no prevén excepción alguna, más bien, arrastra a las administraciones a la categoría de ayuntamiento con muy pocas posibilidades de escapar del dictado de la Ley por su condición de Ciudad Autónoma, más bien, lo que prevé el texto es que si Ceuta y Melilla no cumplen sea el Estado el que asuma directamente la gestión de muchos servicios que ahora presta la Ciudad Autónoma.

El Ejecutivo central establecerá precios unitarios para un mismo servicio que deberán atenderse en todo el territorio. Tanto para los sueldos de cargos públicos y funcionarios como para servicios como por ejemplo el de la limpieza viaria y recogida de basura. ¿Qué pasará con el plus de residencia? No lo saben aclarar los comisionistas, si bien expresan sus dudas sobre que la reforma pueda ser una puerta abierta a su desaparición. Y si en un ayuntamiento se está pagando más por la limpieza viaria y la recogida de residuos que lo que establece ese “estándar” y el contrato con la empresa que ya realiza externamente el servicio supera ese precio ¿qué pasaría? Tampoco está claro, pero todo apunta a que habrá que ajustar el precio a ese estándar, rescindiendo el contrato o revisándolo a la baja.

Todo en aras de la estabilidad financiera y la suficiencia económica de cada servicio que se viene prestando. “Preveemos que muchos de los servicios que recibe la ciudadanía a día de hoy o desaparecerán o dejarán de ser de gestión directa de los ayuntamientos para que pasen a hacerlo las empresas privadas y eso conllevará: perdida de calidad de vida para la ciudadanía, pérdida de puestos de trabajo y precarización de los que queden”, ha asegurado Gasull.

La pérdida de puestos parece más que garantizada. Sin llegar a entrar en vigor la Ley, según los datos de la última EPA en las administraciones locales se destruyó empleo durante el último trimestre del año pasado a un ritmo de 221 puestos de trabajo cada día. Si se mantiene la progresión, ha explicado Gasull, en un año habrá 80.000 personas que antes trabajaban para los ayuntamientos que habrán ido a engordar la lista del paro.

Ante ese panorama Comisiones Obreras lleva desde marzo realizando una campaña para lanzar presión social sobre el proyecto del Ejecutivo y paralizarlo o al menos reformarlo. Y es que detrás de la eliminación de la duplicidad de servicios, “algo con lo que cualquiera puede estar de acuerdo” y el ahorro se abre la puerta a todo un mercadeo de servicios de lo más variopintos que dicen estar seguros acabarán costando más dinero a la ciudadanía.

Un ejemplo muy claro está en el sector de las actividades deportivas. Si se privatizan las instalaciones y la gestión de las mismas, la persona que quiera usarlas y hacer deporte en ellas tendrá que costear con su ticket todo el montante del mantenimiento de las instalaciones y de la mano de obra para gestionarlas. Algo que ahora está subvencionado por los ayuntamientos en la mayoría de los casos.

En esa cruzada lenta y sostenida del sindicato contra esta reforma se ha enmarcado la visita de Gasull y Afonso, su visita en Ceuta ha servido para explicar la que viene encima a los delegado del sector público local del sindicato. Paralelamente el sindicato tiene abierta una recogida de firmas digital contra el anteproyecto de Ley, y de paso aprovechan sus visitas a distintos municipios para lanzar a través de los medios de comunicación un mensaje muy claro y contundente a la ciudadanía: “No sólo es un problema laboral. Es de toda la ciudadanía. La Ley busca enriquecer a algunas personas y mermar la calidad de los servicios que se están recibiendo”, ha sintetizado el máximo responsables de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Ceuta, Emilio Postigo.