La consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Ceuta, Susana Román, ha adelantado este martes en la Asamblea que el Ejecutivo que preside Juan Vivas intentará aprovechar la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica más fondos del Estado para competencias “complementarias”, es decir, no transferidas, como educación, políticas activas de empleo, vivienda o lucha contra la pobreza, ámbitos en los que la situación local es “peor que en el resto de España”.

La también portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica ha esgrimido esa hoja de ruta para justificar el rechazo de sus diputados a una propuesta de Caballas que abogaba por tramitar una iniciativa legislativa ante las Cortes con fin de que aprueben una 'Ley de compensación de las desigualdades de Ceuta y Melilla' que obligase al Gobierno de la Nación a consignar partidas presupuestarias especiales cada ejercicio hasta que las tasas locales de paro, población en riesgo o situación de exclusión o fracaso escolar no se equiparen a las medias estatales.

Román ha alegado que la línea de acción del Gobierno ceutí pasa por “meter” en las negociaciones de la financiación autonómica “todos esos ámbitos para los que actualmente recibimos dinero sin tener competencias y cuya cuantía estamos analizando para saber si es suficiente o si tenemos que recurrir a otras fuentes de financiación y defender nuestras particularidades como los valencianos, los extremeños o los andaluces”.

El Ejecutivo de Vivas cifra en “60 millones de euros” el “gasto social” que efectúa cada ejercicio. El próximo año prevé recibir del Estado más del 11 millones para la financiación de programas de políticas activas de empleo y espera que el Ministerio de Fomento active la primera fase del convenio suscrito para levantar 500 nuevas casa sociales en la ciudad, donde el porcentaje de población por debajo del umbral de la pobreza se sitúa por encima del 40%, el de demandantes de vivienda en más de 3.000 familias y el de desempleados en más de 13.000 residentes.

Toda la oposición (PSOE, MDyC y Ciudadanos) ha respaldado la propuesta de Caballas, que parte de que los ceutíes tienen “derecho” a compensaciones para conseguir “un trato justo en nuestra condición de españoles en pie de igualdad con el resto de compatriotas” y a “no sufrir una condena a perpetuidad por unos hechos y circunstancias ajenos a nuestras capacidades y posibilidades como la insularidad, la creciente densidad de población, la complejidad de gestionar el fenómeno fronterizo, la presión migratoria; la imposibilidad política de normalizar relaciones con Marruecos, la amenaza del terrorismo internacional o nuestro desfasado encaje en la Unión Europea”.