¿Para qué sirve una interpelación parlamentaria a un Ejecutivo? Generalmente para que la oposición apriete las tuercas a la gestión de cualquier gobierno, generar unos cuántos titulares y en raras ocasiones que la opinión pública conozca detalles nuevos sobre la gestión de los asuntos públicos. Más raro aún es que acaben teniendo algún sentido práctico. Eso es lo que ha sucedido este viernes con una de las preguntas que planteaba el diputado localista, Mohamed Mustafa, sobre las cláusulas limitativas de subida salaria que incluyen muchos de los convenios que firma el Gobierno con entidades de todo tipo, muchas de ellas del denominado tercer sector. Esa cláusula impide que entidades que realizan labores públicas mediante un convenio puedan incrementar los salarios del personal que contratan. Gracias a esa interpelación, el Gobierno por boca de su consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, se ha comprometido a estudiar la situación de forma pormenorizada y ver en qué casos puede corregirse la situación.

¿Por qué hace falta corregir? Porque según ha explicado Mohamed Mustafa se dan casos de grave pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de esas entidades. Tal sería el caso por ejemplo, tal y como ha citado de las Brigadas Verdes que llevarían 10 años con el salario congelado o de los de Plena Inclusión.

Tanto Chandiramani como Mustafa han puesto en valor esas labores, reivindicándolas ante los ataques habituales de VOX, tildándolas de chiringuitos. 

La cláusula limitativa se introdujo según refrendaron tanto Mustafa como Chandiramani para impedir ciertos abusos que se detectaron de entidades beneficiaras de estos convenios que usaban la falta de norma alguna para subir de forma exagerada el salario de sus empleados para incrementar por esa vía la subvención que se recogía en el convenio.

El problema es que la introducción de la misma ha supuesto de facto el bloqueo o la congelación salarial de muchos empleados durante años, en un contexto, como ha recordado Mustafa de “inflación implacable con los más débiles. Personas que hacen una función pública y su única fuente de ingresos es ese trabajo”. Esto es pérdida de poder adquisitivo para sus gastos corrientes, “trabajadores low cost” de la administración, ha llegado a calificar.

Chandiramani ha recordado que no todos los convenios incluyen esa cláusula y que en esos casos, los salarios podrían subirse lo mismo que marcan los Presupuestos Generales del Estado para la función pública, en este 2022 un 2 por ciento. Pero se ha comprometido a estudiar el asunto a fondo para como le ha pedido Mustafa buscar una “armonización y amortiguación” del empleo de la cláusula.

Tanto así, que incluso Mustafa se ha comprometido a apoyar una modificación de crédito que pudiera llevar el Gobierno al Pleno si era para corregir esta situación.