El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes, al igual que hiciera Melilla, la propuesta conjunta de cambios sustanciales en la ley de protección al menor y en el Código Civil respecto a la nacionalidad de hijos de extranjeros para adaptarlas a las singularidades de las dos ciudades autónomas.

Mabel Deu, portavoz accidental del Gobierno ha sido la encargada de trasladar las adendas que quieren añadir los Ejecutivos de Ceuta y Melilla para aplicar cambios sustanciales en la Ley de protección del menor, que permitiría a Ceuta trasladar de los niños migrantes a centros del resto del territorio nacional una vez pasados tres meses sin que se haya procedido a su repatriación y, por otro lado, exigir una residencia de al menos diez años para otorgar la nacionalidad española.

Así, a propuesta de la Consejería de Gobernación se ha aprobado el inicio del procedimiento, mediante acuerdo de la Asamblea, para que el Gobierno de la Nación realice una modificación de artículos del Código Civil al objeto de adaptarlos a las peculiaridades de las dos ciudades frontera Sur de Europa. Deu ha recordado que ambas fronteras presentan la mayor desigualdad de renta per cápita y ambas ciudades son objeto de una intensa presión migratoria.

El Código Civil presenta, en el caso de Ceuta y Melilla, una “patente disfunción normativa” y se propone cambiar dos puntos, entre ellos el artículo 22  mediante la adición de un inciso final en el que se precise que “en el caso de los hijos de extranjeros nacidos en Ceuta y Melilla atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en ambas ciudades autónomas, para acceder a la nacionalidad española por nacimiento se deberá acreditar la vinculación con España mediante la residencia legal continuada en territorio español durante u periodo mimo e ininterrumpido de diez años  periodo general contemplado en el apartado primero del presente artículo”.

Asimismo, en este caso a través de la Consejería de sanidad y Asuntos Sociales, competente en el área de Menores, se propondrá que, a través de la Asamblea se inste al Gobierno de la Nación a iniciar el procedimiento  de reforma de la LO 1/46 de protección jurídica del menor mediante la adición de una cuarta disposición adicional ajustada a las especificidades de la atención y acogida de Menores Extranjeros no Acompañados (MENA).

Esta nueva disposición adicional establecería que “atendiendo a las singularidades existentes en ambas ciudades autónomas respecto a los menores extranjeros no acompañados que sean migrantes con entrada irregular a territorio nacional, se dará prioridad al retorno, bien directamente o en su caso a través del país de tránsito e aras del interés superior de estos menores y a efectos de su integración y desarrollo en el núcleo familiar de origen y a su entorno social y cultural en consonancia con las resoluciones del consejo de Europa”.

Entre los cambios propuestos por Ceuta y Melilla, la portavoz accidental ha explicado que se propone además que “mientras se produce el retorno de estos menores a sus países de origen, ya sea a efectos de reagrupación familiar  o para su entrega a los servicios de protección al menor con el fin de su adecuado amparo dispondrá del apoyo material y los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, alojamiento apropiado para su edad, instalaciones sanitarias y cuidados médicos, siendo atendidos por la Administración General del Estado como entidad pública competente en materia de inmigración a tenor de lo establecido en el artículo 149 1.2 de la Constitución”.

Tres meses de plazo

“En el supuesto de que en un plazo máximo de tres meses no se haya hecho efectivo el retorno de los menores de los menores a sus países de origen o en su caso al de tránsito, estos serán necesariamente trasladados a centros de acogida de otras partes del territorio nacional”, ha añadido, recordando que es una propuesta conjunta de los Gobierno de Vivas e Imbroda.