Las quejas de regiones como Andalucía, que atribuían a mezquindades políticas partidistas el recibir menos dinero que Ceuta del Fondo Estatal contra la Pobreza Infantil no han prosperado en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales. La consejera de Asuntos Sociales ceutí, Rabea Mohamed, ha asistido a la reunión, donde se ha aprobado el reparto de 17,4 millones de euros para "ayudar a las familias con menores a cargo y que se encuentren en una situación de pobreza material severa como consecuencia de la crisis". Se trata del primer fondo estatal de estas características destinado a combatir la pobreza infantil, y del cual a Ceuta llegarán 1,3 millones de euros, a razón de más de 150 euros por menor.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha explicado que las cuantías que reciba cada comunidad autónoma se han fijado atendiendo a la tasa AROPE que emplea la UE para medir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Los parámetros que dan lugar a dicho indicador tienen que ver con el nivel de privación material severa y con la densidad de desempleo de la zona sobre la que se aplica, entre otros factores. El recurso a este indicador suscitó el consenso de las propias Comunidades y Ciudades Autónomas, "de ahí que se haya aplicado para la distribución", según ha destacado el Gobierno de Ceuta en una nota de prensa.

Durante la reunión de la ministra y los consejeros, Rabea Mohamed ha defendido la validez del criterio y rechazó que la población pudiera ser determinante a la hora de proceder al reparto de fondos. En el caso de Ceuta, la consejera explicó que la presión migratoria y otros factores como la extrapeninsularidad o la alta densidad de población incrementan las necesidades y dificultan la manera de abordar el problema. Además, recordó que existe una bolsa de pobreza crónica, que no tiene nada que ver con la situación coyuntural económica, y que mientras los ciudadanos de otra localidad se benefician de las acciones que realizan sus ayuntamientos y sus gobiernos autonómicos, “en Ceuta solo hay una Administración”. Por ello, ha argumentado que si en otras ocasiones hubiera que discutir el criterio de reparto, reclamó que se tuvieran en cuenta estas circunstancias.

El Gobierno de la Ciudad ha "agradecido" al Ministerio de Sanidad y a su titular, la ministra Ana Mato, que ha presidido la reunión de hoy, que haya defendido la validez del criterio consensuado por los gobiernos autonómicos, y que permitirá a la Ciudad Autónoma reforzar sus instrumentos de lucha contra la pobreza, habiéndose tenido en cuenta, una vez más, las especiales circunstancias que concurren en Ceuta.

Con ese fondo de 1,3 millones, el Gobierno de la Ciudad, en concreto, incrementará en 250.000 euros la partida que destina al Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS), que alcanzará así los 650.000 euros de presupuesto, y 300.000 más se destinarán al programa de alojamiento alternativo, cuyo importe se elevará a 1,77 millones.

La partida de ayudas sociales crecerá en otros 314.000 euros, mientras que el convenio que la Ciudad mantiene con Cruz Roja para ayuda de emergencia (alimentación, pagos de recibos de luz y agua...) se reforzará con 200.000 euros, que eleva el importe de este acuerdo a casi 524.000 euros, según la información ofrecida por la portavoz adjunta del Gobierno, Mabel Deu. 240.000 euros irán a parar a la financiación de los comedores escolares, la mitad para el programa puesto en marcha por las consejerías de Educación, Cultura y Mujer y Asuntos Sociales durante el verano y el resto de apoyo al Ministerio de Educación durante el curso escolar.

 

Fondo de viviendas sociales

El Consejo Territorial que hoy se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha aprobado otras medidas dirigidas a la atención de los colectivos más vulnerables, y una de las más importantes en este sentido ha sido la ampliación de los sectores de población que podrán a partir de ahora acceder al Fondo Social de Viviendas, es decir, al cupo de residencias que las entidades bancarias pusieron a disposición de familias y personas que no podían hacer frente al pago de sus hogares o que fueron desahuciados.

Aparte de los colectivos a los que favorecían las condiciones de acceso al Fondo, figurarán también como beneficiarios las familias con hijos menores a cargo (ya estaban las familias con hijos de hasta tres años) que tengan problemas para pagar su vivienda o que estén en riesgo de desahucio, las personas con discapacidad o dependencia para las que permanecer en su vivienda es factor de inclusión social y las personas jubiladas o prejubiladas que hayan asumido mediante avales las deudas de sus hijos o nietos, entre otros.

Por otra parte, el Consejo ha abordado la situación de las personas sin hogar en España. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, a instancias del Ministerio, ha propuesto a las Comunidades Autónomas la creación de un grupo de trabajo que articule los ejes de la que será una nueva Estrategia para Personas Sin Hogar. El plazo previsto para aprobar dicha Estrategia es el primer trimestre de 2015.

El grupo de trabajo, por consiguiente, asumirá la tarea de redactar un documento conforme a unos ejes que versarán sobre medidas laborales, de atención social, educativos, de salud, de vivienda y de alojamientos transitorios.

Protección a la infancia

La ministra, asimismo, ha informado ante el Consejo de los anteproyectos de reforma de la legislación de protección a la infancia, presentados al Consejo de Ministros el pasado 25 de abril. Los dos anteproyectos servirán para incluir en el ordenamiento español una reforma que agiliza y flexibiliza los procedimientos de acogimiento y adopción de menores, siempre en función de su bienestar.

El proyecto del Ministerio pretende que los menores estén con una familia porque así se garantiza un mejor desarrollo, formación y crecimiento, según demandan asociaciones y expertos. Las adopciones internacionales se vuelven más garantistas y se refuerza la protección de niños y niñas ante casos de abusos y acoso. De este modo, funcionarios, empleados públicos y administraciones deberán trasladar a la Fiscalía cualquier situación de abusos a menores, puesto que si no lo hacen, podrían incurrir en un delito de omisión.

Otro de los puntos más destacados de la reforma es la protección específica que se dará, al menos cuando sea víctima de violencia de género, en lo que sobresale la apuesta por promover que estén junto a sus madres. Y será obligatorio de partir de ahora que todas las medidas legislativas puestas en marcha estén acompañadas de un informe sobre el impacto que causen en las políticas de infancia.

La ministra ha informado, además, al Consejo Territorial el proyecto de Real Decreto por el que se unifican los criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida, de modo que el documento que haya expedido el órgano competente en un municipio sea válido en todos los demás, sin excepción. Con la medida se cubre una reclamación histórica de los representantes de las personas con discapacidad.