La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, participará este lunes junto a sus homólogos del resto de Autonomías en la sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Reunión que será presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y que se desarrollará por videoconferencia a partir de las 13.00 horas.

La cita servirá para abordar el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto por las autonomías. El Gobierno central ha decidido suspender la exigencia de que Comunidades Autónomas y entidades locales destinen su superávit a amortizar deuda y los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite a las inversiones financieramente sostenibles. También dejará sin efectos los objetivos de estabilidad y de deudapública de 2020 y 2021 y tampoco se aplicará la regla de gasto para esos ejercicios.

Estas decisiones vendrán "fenomenal" al Ejecutivo local y evitarán a la Ciudad tener que presentar un nuevo plan económico-financiero de ajuste como el aprobado este año tras incumplir la norma en 2019, ya que previsiblemente en este 2020 le volverá a pasar lo mismo debido a los ingresos extraordinarios obtenidos o dispuestos y ejecutados como gastos con cargo al Fondo COVID estatal y la refinanciación de los programas europeos.

La consejera aprovechará su intevención para "exponer la doble crisis económica por la que atraviesa Ceuta, causada por la pandemia de la COVID-19 y por el cierre de la frontera", circunstancias a las que se añade "la asunción, por parte de la Ciudad, de competencias muy importantes como la de inmigración".

Precisamente la celebración de esta reunión fue uno de los requerimientos planteados por la consejera en la reunión mantenida con sus homólogos de Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León el pasado 18 de septiembre, y en la que abordaron asuntos comunes en materia de planificación presupuestaria con el objetivo de reclamar al Gobierno de la Nación el retorno de la cooperación económica con las autonomías.

Otra de las solicitudes formuladas al Ejecutivo central ha sido la distribución justa, equilibrada y coordinada del límite de déficit y deuda entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas atendiendo a la realidad de gasto. En el caso de las dos ciudades autónomas, esta medida debería venir acompañada de un mecanismo similar que atendiera a las especificidades de Ceuta y Melilla, frente a la pérdida de recaudación en ambas Administraciones.