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Chandiramani busca "la solución menos mala" para mejorar las prestaciones de la limpieza pública

Chandiramani busca "la solución menos mala" para mejorar las prestaciones de la limpieza pública
lluvia limpieza
Imagen de recurso.
La consejera de Hacienda reconoce que el Gobierno sigue sin estar "satisfecho" con los resultados del trabajo de Trace, que ha empeorado durante las últimas semanas, tanto por los condicionantes habituales del periodo veraniego como por la crisis fronteriza de mayo. Tras probar múltiples alternativas "la única solución que nos queda es rescindir el contrato", que vence en febrero de 2023, mientras se preparan los Pliegos del nuevo.

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha reconocido este jueves en el Pleno al MDyC que el Gobierno local “no está satisfecho” con el nivel del servicio de limpieza pública viaria, aunque ha explicado que el incremento de la suciedad de las calles, evidente durante las últimas semanas, se debe tanto a que en verano se reducen los recursos disponibles y aumenta la presencia de la ciudadanía al aire libre como a la crisis migratoria de mayo con miles de personas que continúan en parte deambulando por Ceuta.

“No estamos contentos con este contrato adjducado en 2013 en plena crisis económica, el de mayor envergadura económica de la Ciudad, 17,5 millones de euros al año cuyo 90% va a cubrir nóminas y seguros sociales de la plantilla y al que se hecho auditorías rutinarias y extraordinarias que así lo acreditan”, ha asumido.

Chandiramani ha recordado que en estos años el Ejecutivo ha intentado mejorar el Plan de Servicios de Trace, ha contratado refuerzos para las playas y ha recurrido a procedimientos de emergencia, siempre “de forma infructuosa” para alcanzar su objetivo de forma plena.

kissy chandiramani apaisada

Así las cosas, "la única solución que nos queda es rescindir el contrato y en eso estamos trabajando por causa imputable a la Administración con el correspondiente encargo a continuación para que la empresa siga prestando ciertos servicios a determinados precios que la compañía debe aceptar”, ha indicado.

Dado que el vigente termina en febrero de 2023, ahora mismo el Gobierno está “poniendo en la balanza cuál de las soluciones existentes, todas malas, es la que lo sería menos para mejorar el servicio mientras redactamos los nuevos Pliegos de la mano del Comité de Empresa y con el asesoramiento de una ingeniería dada la complejidad del contrato y aprovechando su experiencia en otros ayuntamientos”.

“La legislación ahora prescribe una consulta pública a las cuatro principales empresas del sector para comenzar la licitación, un trámite complicado y tedioso con el que vamos a intentar evitar problemas”, ha dicho la titular de Hacienda en su respuesta a la interpelación formulada por Fatima Hamed, que ha recordado también que el vigente tiene “tres millones de euros de presupuesto anual menos que el de Urbaser, algo que se nota y sufrimos todos”.

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