Alejandro Ramírez Hurtado, consejero de Fomento y Turismo, ha sacado adelante la aprobación inicial de la actualización de una de las muchas normativas que su Consejería tiene desactualizadas, entre ellas la más importante, el Plan General, de cuya aprobación no se tienen noticias una década después; o como venía sucediendo con la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad, también actualizada en este pleno y que debía estar ya actualizada desde 2015. 

En esta ocasión tocaba poner al día una norma, vigente desde 1997 y que el Gobierno ya aprobó en primera instancia en 2019 para inexplicablemente terminar guardándola en un cajón hasta hoy. Este miércoles, en sesión extraordinaria, el Pleno ha aprobado con 18 votos a favor, ninguno en contra y una abstención la ordenanza municipal reguladora de estacionamientos reservados a vehículos que transportan personas con movilidad reducida de la Ciudad.  Una Ley vigente desde hace casi 25 años, en los que han cambiado (varias veces) tanto la normativa estatal como la comunitaria. 

El objetivo del Gobierno, explicaba Ramírez, es establecer las procedimientos y requisitos así como el refuerzo del control de estas plazas y su correcto uso, tratando de dar solución al fraude detectado por la utilización de estas plazas por familiares o incluso vados que corresponde a personas con garage propio o incluso concedidas a no residentes.

Desde el PSOE, su líder y portavoz Manuel Hernández ha reprochado al Gobierno que, pese a que este camino ya se anduvo en 2019, con la aprobación inicial de un texto muy similar que terminó guardado en un cajón —con elecciones municipales y una pandemia por medio—, la Consejería, aprovechando el trabajo realizado, no haya contemplado las alegaciones que ya se presentaron entonces y se deban presentar de nuevo.

Para Fatima Hamed, líder de MDyC, el retraso de tres años en una cuestión como esta “es sangrante”. “No es admisible que un reglamento como este tenga que estar tres años dormido"

Para Fatima Hamed, líder de MDyC, el retraso de tres años en una cuestión como esta “es sangrante”. “No es admisible que un reglamento como este tenga que estar tres años dormido, si no son conscientes de lo grave que es poco podremos avanzar en lo que respecta a nuestra función como políticos, que es ocuparse de los asuntos cotidianos de los ceutíes y darles respuesta”. Hamed reprochó además al Gobierno que tiene olvidad a aun área fundamental de la Ciudad, la Consejería de Fomento, a la que le faltan medios y personal: “Hay cuestiones mínimas como es un vado que tardan seis, siete ocho meses en aprobarse”.

El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, disculpó a Ramírez, “el chico nuevo del Gobierno”, y señaló a Vivas, quien, recordó, “lleva 20 años de retraso y como siempre llega tarde y no cumple los plazos que promete”. Aunque el tema sobre la mesa era la normativa de vados para personas con movilidad reducida, Verdejo se las ingenió para culpar de todo ello al Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene “marginadas” a Ceuta y Melilla en materia de dependencia. El portavoz de Vox comparó las ayudas a la dependencia del País Vasco (6.800 euros de media, según sus datos, que no aclaró de dónde salen), con las ayudas que recibe Ceuta (una media de 4.200 euros, una cantidad de la que tampoco citó fuentes). 

El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, disculpó a Ramírez, “el chico nuevo del Gobierno”, y señaló a Vivas, quien, recordó, “lleva 20 años de retraso

Fact Checking al discurso de Vox

Verdejo ignora o prefiere ignorar que el Acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia, aprobado el 15 de enero de este 2021 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las CCAA, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia establece unos criterios de reparto acorde con una serie de baremo, no es un reparto a partes iguales porque no son iguales las diferentes regiones españolas.

Este plan de choque contempla una inyección de más de 600 millones de euros en Dependencia: 283,2 millones del nivel acordado y el resto, del nivel mínimo (lo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente). De ellos, 45,3 millones de euros (16% del nivel acordado) se repartes acorde a la ‘población potencialmente dependiente’; y otros 14,2 millones (5%), según las resoluciones de grado de dependencia vigentes en cada territorio. Según la cifra de beneficiarios se han repartido casi 68 millones de euros (el 24% del nivel acordado), y 56,6 millones (20%), por el número de personas beneficiarias en cada comunidad con prestaciones de servicio efectivas, ya sea centro de día o noche, atención residencia o ayuda a domicilio.

Otro de los criterios que el Ministerio ha tenido en cuenta es la inversión autonómica en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por el que se reparten 7,1 millones de euros (2,5% del nivel acordado;  a través del indicador ‘empleo relacionado con el SAAD’ se reparten 7,1 millones, los que se suman 4 millones de euros (1,4%) de acuerdo con la extensión territorial y 1,4 millones más (0,5%),según la dispersión de la población. Otros criterios que se han tenido en cuenta son la agilidad administrativa para resolver las solicitudes de dependencia, por el que se reparten 14,2 millones de euros; las personas pendientes de resolución (otros 14,2 millones de euros); y la resolución de la lista de espera, por el que se distribuyen 22,1 millones.