El Gobierno (PP) y Caballas han coincidido este jueves en el Pleno en la necesidad imperiosa e inaplazable de romper cuanto antes, a ser posible por las buenas, el contrato con Trace. Tanto el PSOE como el MDyC y Ciudadanos se han abstenido en una votación clave sobre el futuro del mayor contrato de la Ciudad. El Pleno ha aprobado instar al órgano de contratación a iniciar un expediente de rescisión que, según Chandiramani, sería deseable haber culminado ya a la vista de la aparente imposibilidad de reconducir la situación y alcanzar cotas de limpieza similares a las de la época de Urbaser "cuando teníamos la escoba de oro".

En lo que no se ha puesto de acuerdo PP y oposición es que en estos cinco años y medio ha habido demasiados "tejemanejes" entre el Ejecutivo y la concesionaria. La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha esgrimido este jueves en el Pleno los "2,8 millones de euros" que, según ha dicho, le ha detraído de sus certificaciones la Ciudad a Trace desde junio de 2017, como prueba de que no hay "connivencia" entre el PP y los responsables de la concesionaria de limpieza pública viaria y recogida de residuos, cuyo contrato ha exigido Caballas en el Pleno que se rompa cuanto antes para acabar con una situación "insoportable" y con una gestión, la de Vivas y Ramos, "impresentable".

Aróstegui ha hecho un exhaustivo retrato de los "bandazos" que ha ido dando el Ejecutivo desde febrero de 2013 hasta ahora, incluidos los del 29 de abril y el pasado martes, las jornadas previas al inicio de sendas huelgas en las que el consejero de Medio Ambiente admitió firmar un nuevo sistema de control de la prestación de Trace e incluso sustituir a los que hasta ahora eran los técnicos responsables del servicio para velar por su correcto desempeño.

Para el localista con ese documento lo que hizo Ramos fue, en realidad, "darle la razón" a la empresa en "todas sus posiciones" pero según Chandiramani no, pues la Ciudad "está defendiendo el interés general". "Nosotros podemos establecer los sistemas de control que estimemos necesarios y prueba de ello es que ese protocolo de abril ni siquiera se ha puesto en marcha", ha advertido la consejera, que ha justificado el cambio al frente de la Dirección Facultativa porque "ha comenzado la campaña de asfaltado de las calles" y hay muchas obras en marcha que necesitan a Pedro Sierra y José María Medina.

"Esto es problemático y necesitamos personas que tengan horas para analizar qué podemos hacer para mejorar", ha expuesto Chandiramani las razones de la elección de Juan Manuel Sánchez y José María Cuéllar, "que también son funcionarios de la casa". La consejera ha negado que el Gobierno esté pecando de "falta de transparencia" o sometiéndose a los "chantajes" de Trace, como le ha reprochado Fatima Hamed (MDyC) que se haya enterado a través de los medios del protocolo firmado en abril y otros detalles de la ejecución del contrato.

El portavoz de Caballas ha tildado de simplemente "increíbles" por "cualquier persona con un mínimo de sentido común" las explicaciones de la consejera tanto en lo relativo al protocolo como al "acuerdo para relegar a esos funcionarios". "El problema de fondo es que todos estos tejemanejes que traen en la sombra y no pueden explicar no permiten recuperar mejores niveles de limpieza pública sino todo lo contrario", ha resumido Aróstegui.