La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha explicado este martes al portavoz del PSOE en la Asamblea, Manuel Hernández, que la Ciudad tiene actualmente un listado de "35 folios" de demandas presentadas contra la Administración autonómica. Ese es uno de los datos que ha aportado en respuesta a una interpelación socialista "relativa a procedimientos y sentencias judiciales que supongan un coste económico para la Ciudad Autónoma o cualquiera de sus organismos autónomos".

Chandiramani ha destacado el "enorme esfuerzo" que hacen los jurídicos de la Ciudad "en defensa del interés general" en todos ls procedimientos judiciales de los que es parte la Administración, "que no se allana n las sentencias y pelea por cada euro hasta el final" y ha rechazado que la gestión del Ejecutivo sea "pésima".

Este año la Administración ha efectuado 231 designaciones de letrados para actuar en demandas contra la Ciudad. En 203 casos han sido abogados de la plantilla pública y en otros 28, de la asesoría externa contratada en diciembre de 2016 por unos 6.000 euros al año.

El gasto para hacer frente a sentencias en contra que ha tenido la Ciudad con intereses de demora incluidos han supuesto para el Presupuesto de 2018 un total de 3,1 millones de euros. En el caso de sociedades y organismos autónomos, las empresas Puerta de África, Emvicesa y Obimace también han tenido que afrontar pleitos.

Hernández ha recordado que la gestión del Gobierno del PP en el ICD, con contratos como el de monitores y socorristas que han dado pie a cuantiosos reconocimientos de deudas, o en Acemsa, "que no se presenta a las demandas que recibe" pero abona decenas de miles de euros en minutas a abogados externos, cuesta dinero público "que no se destina a otros asuntos prioritarios".

"Aquí no hay desaguisados ni derroches", ha rebatido la consejera, que ha argumentado que un dictamen del Consejo de Estado obliga a proveer de otra forma las plazas de superior categoría; que el caso de 'Arasti Barca' y el ICD se ha enquistado tras "tres intentos" fallidos de licitación; y que en Acemsa "las facturas existen y los servicios, según todos los técnicos, se han prestado".